Guatemala violó los derechos de una comunidad maya q’eqchi’ por permitir la usurpación y operación de una mina de níquel en sus tierras ancestrales, según una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), publicada este viernes 15 de diciembre.
“Guatemala (es) responsable internacionalmente por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la integridad personal, a las garantías judiciales, al acceso a la información, a la propiedad, a los derechos políticos y el derecho a la protección judicial” de la comunidad indígena Agua Caliente, según el fallo.
La Corte, con sede en San José, ordenó al Estado guatemalteco titular y demarcar ese territorio y “reparar integralmente las consecuencias de las violaciones”, en especial los daños provocados por la falta de titulación y por el proyecto minero.
El Estado recalificó como “lote” en el siglo XIX las más de 1.353 hectáreas de tierras ancestrales de la comunidad, de unas 400 personas, ubicadas en el municipio de El Estor, a unos 300 km al noreste de Ciudad de Guatemala.
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Proceso de concesión de la mina
La comunidad tituló en 1974 las tierras a su nombre, pero no fue hasta 2019, y tras una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que se les hizo entrega formal de los documentos, ya que se habían extraviado, precisó la Corte IDH.
En ese tiempo de demora, en parte del territorio maya q’eqchi’, en 2004 se instaló el proyecto minero “Fénix”, que operó pese a inconsistencias legales encontradas por la Justicia en su otorgamiento y los reclamos de la comunidad, agregó.
La concesión minera “no se realizó de manera adecuada, careciendo de respeto a las costumbres y formas de organización de las comunidades”, advirtió la Corte.
Las comunidades indígenas aseguran que el proyecto provoca severos daños ambientales. Una protesta contra la mina dejó un pescador muerto en 2017.
La mina es operada por dos subsidiarias de la empresa suiza Solway Investment Group y suspendió operaciones en marzo pasado, luego de que Estados Unidos le impuso sanciones económicas por una trama de “corrupción” y “tráfico de influencias”.
Además, la comunidad fue víctima de “actos de agresión y violencia, incluyendo atentados contra la vida, hostigamientos y amenazas a miembros” entre 2006 y 2019, mientras aguardaban la entrega del “extraviado” título de propiedad, reseñó la sentencia.
* Con información de la agencia de noticias AFP.
