El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, presentó ante el Juzgado Décimo Penal un recurso de reposición para que revoque la resolución de fecha 7 de marzo de 2024, en la cual se le levanta el embargo de cuentas a siete sindicados en el caso “Toma de la USAC: Botín político”.
Además, la entidad planteó un recurso de apelación por medio del cual solicita que se ligue a proceso penal a Cindy Gabriela Dávila, excandidata a diputada al Congreso de la república y hermana del exlegislador Aldo Dávila.
La sindicada se puso a disposición del referido órgano jurisdiccional a inicios de febrero para dilucidar su situación legal al ser mencionada el día en que se hizo pública la investigación.
Le puede interesar:
@emisorasunidas897 Al menos 20 viviendas resultaron afectadas por el incendio de gran magnitud. . . #Incendiozona3 #incendio #zona3 #Guatemala
Caso “Toma Usac: Botín Político”
En noviembre pasado, el MP presentó el caso “Toma Usac: Botín Político” que surgió en seguimiento a una denuncia presentada en junio de 2023 por parte de las autoridades universitarias. Esto se dio luego de que les fueron entregadas las instalaciones de la casa de estudios tras un año de permanecer tomadas en el marco de las protestas contra la elección de Walter Mazariegos como rector.
A pesar de que se conocía que se trataba de acciones de parte de grupos de estudiantes que se extendieron a distintas sedes del país, basadas en señalamientos de posible fraude para llevar a Mazariegos al poder, el MP señaló que los medios de investigación muestran otro escenario.
También puede leer: Anuncian cierres vehiculares en el Centro Histórico por Semana Santa
“Se evidencia que el objeto real de la toma de la Usac fue la comisión de delitos para postular y apuntalar a candidatos de partidos políticos a los máximos cargos de elección popular, entiéndase Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados al Congreso de la República, entre otros”, destacó la fiscalía.
Agregó que, de esta forma, se advierte que los imputados intentaron engañar a más de 17 millones de guatemaltecos al hacer parecer las acciones como legítimas y en beneficio de la sociedad, cuando en realidad se trataba de intereses políticos.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
