Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con personal de la Fiscalía Contra el delito de Usurpación del Ministerio Público (MP), tienen previsto realizar este viernes 14 de junio el desalojo de al menos 80 familias que residen en el asentamiento anexo Kjell, Dios es Fiel, ubicado en la zona 7 capitalina, bajo el puente El Naranjo.
En este sector ocurrió una tragedia en septiembre del año pasado, pues un río se desbordó y arrasó varias viviendas, lo cual provocó la muerte de 11 personas y dejó a siete más desaparecidas.
De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el terreno que ocupa el asentamiento fue catalogado como de “alto riesgo”.
La diligencia se inició a raíz de una denuncia presentada ante el Ministerio Público por el Juzgado de Asuntos Municipales de la Municipalidad de Guatemala, Alcaldía Auxiliar, zona 7.
En seguimiento a este caso, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, detalló que el juez “A” del Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal les ordenó a las fuerzas de seguridad accionar, con un número determinado de agentes, para llevar a cabo este procedimiento.
“Los desalojos impactan fuertemente en la moral de la fuerza policial por su cercanía con la realidad social, pero no cumplir esta orden sería un delito”, destacó el funcionario.
Agregó que la PNC cumplirá protegiendo a los ciudadanos, respetando sus derechos humanos, promoviendo el diálogo y velando por la paz social.
#AHORA Agentes de la @PNCdeGuatemala, por orden judicial, buscan desalojar a familias que viven en el asentamiento Anexo Kjell Dios es Fiel, específicamente a las personas que viven bajo el puente El Naranjo, en el límite de la Ciudad de Guatemala con Mixco. Familias cierran… pic.twitter.com/C9vjjkRCb9
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 14, 2024
Vecinos expresan incertidumbre ante el desalojo
El personal policial y los fiscales se presentaron desde tempranas horas al sector; sin embargo, los vecinos indicaron que no han recibido ninguna notificación por parte de las autoridades y mostraron su preocupación debido a que la mayoría de familias no tienen a dónde ir. También intentaron bloquear el paso de los agentes.
Alfonso Mayen Valenzuela, uno de los afectados, señaló que tiene aproximadamente seis años de vivir en este sector, donde comparte residencia con otra persona mayor de edad, y expresó la incertidumbre ante esta situación que enfrentan.
“Quieren darnos desalojo acá en el asentamiento, quizá por las causas que se han dado en otros tiempos, por el deslave que hubo del río que se llevó a las personas. Pero nosotros no tenemos dónde vivir. Si nos van a trasladar de este lugar que está en mal punto, esperamos que nos lleven a una colonia con menor riesgo”, dijo.
Mientras tanto, Marcos Antonio Juárez, quien también habita en el asentamiento, criticó que se desaloje a la población en situación de pobreza. Expuso que lleva 13 años de residir en el área junto con su familia, pues sus ingresos económicos no le permiten pagar alquiler en algún punto con menor vulnerabilidad.
#AHORA Declaraciones de Alfonso Mayen Valenzuela, otro de los vecinos afectados en el asentamiento Dios es Fiel | Vía @noel_solis pic.twitter.com/gyXfhgVrRy
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Instituciones dan seguimiento a situación de ciudadanos
Delegados de la Procuraduría General de la Nación en este caso participan en calidad de observadores con la finalidad de verificar que no se vulneren los derechos humanos de los ciudadanos, especialmente las mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes.
En tanto, para estas diligencias las autoridades correspondientes instruyeron a las instancias de obras sociales habilitar y administrar un albergue provisional para la reubicación de las personas y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) para brindar la alimentación respectiva de aproximadamente 250 personas.
* Con información de Karla Marroquín y Omar Solís, Emisoras Unidas.
