La juez Abelina Cruz Toscano, del Juzgado de Mayor Riesgo “D” reprogramó la audiencia de primera declaración contra las ex diputadas Ana Regina de Guzmán Sánchez y Gladys Anabella de León López, vinculadas al caso Asalto al Ministerio de Salud, por el delito de tráfico de influencias.
En el caso de los restantes 15 sindicados, los abogados defensores solicitaron postergar la audiencia de primera declaración de sus patrocinados, ya que están a la espera para que una sala escuche a un colaborador eficaz que declarará sobre el caso. Luego de ello buscarán que sus patrocinados rindan su primera declaración.
Los defensores de las exdiputadas pidieron a la juez amonestar al Ministerio Público por no llevar a la audiencia la individualidad de los delitos.
La juez Toscano programó para el próximo 19 de julio a las 09:00 horas la audiencia para que ambas exdiputadas rindan su primera declaración.
Entre los sindicados se encuentran varios exdiputados como exalcaldes entre ellos: Arístides Crespo, Aníbal Salguero, Jimmy Ren, Gudy Rivera, Juan Pablo Urrea, Juan Alcazar, José Cojtí, Edwin Martínez, Emilene Mazariegos, Marvin Estuardo Díaz, Carlos Enrique Mejía y Saúl Beltetón ex alcalde de Guastatoya
#AHORA La jueza Abelina Cruz Toscano, del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, reprograma para el 19 de julio audiencia de primera declaración contra las exdiputadas Ana Regina de Guzmán Sánchez y Gladys Anabella de León López, vinculadas al caso del asalto al Ministerio de Salud. A… pic.twitter.com/4rZK0irZ0U
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 9, 2024
Caso Asalto al Ministerio de Salud
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), las personas mencionada estarían involucradas con el pago de por lo menos Q50 millones en sobornos dentro del Ministerio de Salud.
Asimismo, tendrían relación con el grupo criminal que operó en esa cartera durante la administración del exministro de Salud, Jorge Villavicencio.
La misma habría cometido una serie de irregularidades, incluidas las de facilitar la contratación de obras públicas y compra de bienes y servicios a través de la colocación de sus allegados en puestos claves en la institución.
Las pesquisas revelaron que el grupo estaba integrado por aproximadamente 50 personas.
Sus acciones se enfocaron en tres puntos específicos para la sustracción de fondos:
- Cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud.
- Cobro de comisiones ilícitas para la adquisición de bienes y servicios.
- Contratación de 450 plazas, a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas “fantasma”.
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Con información de Omar Solís
