Los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se presentaron este viernes 9 de agosto a la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal donde se desarrollaría una audiencia relacionada con el caso en el que están señalados, dentro del cual se investigan supuestas irregularidades en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Los togados Irma Palencia, Gabriel Aguilera Bolaños y Ranulfo Rojas, quienes llegaron acompañados de su abogado defensor, César Calderón, fueron notificados en ese lugar con respecto a la suspensión de la diligencia.
“A las 10 de la mañana se discutiría una recusación planteada por el Ministerio Público (MP), esto no se llevó a cabo porque este tribunal colegiado no está integrado. Uno de los magistrados está en una comisión, de tal manera que, al no haber cuórum, no se celebró y se reprogramó para el 16 de este mes a las 10:00 horas”, explicó el profesional del derecho.
Señaló que la referida recusación la promovió la fiscalía contra dos integrantes del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal y detalló que la misma es improcedente.
“Es infundada e incongruente porque está recusando a dos jueces que ni siquiera han conocido del caso y se está adelantando a los hechos. Entonces, es un absurdo. Pienso que el MP lo que está buscando es un juez a la medida”, enfatizó Calderón.
#AHORA La audiencia se suspendió y se reprogramó para el 16 agosto. En la audiencia se conocería la recusación en contra de los dos jueces del Juzgado Segundo Penal. Según el abogado César Calderón, la acción planteada por el Ministerio Público es improcedente | Vía Ángel Oliva pic.twitter.com/imCoVd4k77
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 9, 2024
Traslado del expediente del caso TREP
Semanas atrás, la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal ordenó que el expediente del caso TREP fuera enviado al Juzgado Segundo Penal; sin embargo, ambos jueces fueron recusados por el ente investigador, argumentando que han retardado las resoluciones.
En el marco de este expediente judicial, las autoridades electorales enfrentan proceso penal y no pueden acercarse a las sedes del TSE ni comunicarse con el personal de la institución, lo que les impide desempeñar funciones hasta resolver su situación.
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* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
