El Gobierno de Guatemala se pronunció este martes 12 de noviembre con respecto a la situación de la directora del Instituto de la Víctima y exdiputada del partido Movimiento Semilla, Ligia Hernández, quien recuperó su libertad tras permanecer 90 días en prisión bajo señalamientos de presuntas anomalías en temas electorales relacionadas con esa agrupación.
Hernández, cercana al presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, se sometió a un proceso de aceptación de cargos, según lo dio a conocer anoche a través de un comunicado en el que reiteró su inocencia con respecto al caso donde ha sido sindicada, el cual fue denunciado en diversas ocasiones como persecución judicial por varios sectores, incluido Estados Unidos.
Al respecto del tema, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia señaló que, como Gobierno, tiene la absoluta claridad que Hernández ha estado enfrentando un caso injustificado y de mera persecución política. “Son las peores prácticas de una minoría corrupta que se ha resistido a dejar el poder”, expresó.
“Seguimos respaldándola y entendemos que su decisión ha sido difícil, pero que nadie en Guatemala debe tolerar estos tratos. Nadie en Guatemala debería aceptar cargos sólo por evitar situaciones tortuosas y una prisión preventiva totalmente injusta”, destacó la oficina.
Agregó que ese organismo estará estudiando futuras acciones legales para ponerle freno a lo que describió como “prácticas inhumanas de persecución política”.
“Pero respaldamos profundamente a Ligia y le deseamos una pronta recuperación, ahora acompañada de su familia y seres queridos”, añadió el Ejecutivo.
Arévalo: “Un juez corrupto ordenó llevar a Ligia Hernández a prisión preventiva”
Hernández argumenta decisión de aceptar cargos
En el comunicado que difundió la exdiputada Ligia Hernández se expusieron los argumentos que la llevaron a tomar la decisión de admitir los hechos que le imputó el Ministerio Público (MP), pese a reiterar que no incurrió en ilegalidades.
“Esperé con entereza que las condiciones políticas fueran distintas, pero nada ha cambiado, y a la luz de los hechos, pareciera no cambiar pronto”, expuso la exdiputada que ejerció en el Legislativo en el período de 2020 y 2024 junto con Arévalo de León.
Hernández indicó que optó por aceptar los cargos en su contra pese a su inocencia ya que debe “proteger” a su familia y su salud personal.
La acusación en contra de Hernández no se hizo pública ya que el juzgado penal a cargo del caso, bajo el mando del juez Fredy Orellana, mantuvo el proceso judicial bajo reserva, una figura de confidencialidad dentro del sistema judicial guatemalteco.
Orellana se encuentra sancionado por Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción, al igual que la cúpula del Ministerio Público (Fiscalía) que acusó a la exdiputada.
Hernández, de 42 años, es la actual directora del Instituto de la Víctima, una entidad gubernamental, puesto que ocupa desde febrero pasado por decisión del actual presidente y que mantiene tras su salida de prisión.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7
