La directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, dio a conocer que a partir este lunes 9 de diciembre se reincorporó a sus funciones en esa entidad tras enfrentar un proceso penal que finalizó con una sentencia condenatoria después de que aceptó los cargo que la fiscalía le atribuía dentro del caso “Corrupción Semilla”.
La funcionaria emitió un comunicado en el que señaló que regresa a su trabajo “con gratitud, con determinación y sin ningún impedimento” a cumplir con el mandato que le fue encomendado a principios de este año, que consiste en servirle al pueblo de Guatemala desde esa entidad.
“Quiero reconocer la labor de todo el personal que forma parte de nuestra institución, quienes durante mi ausencia demostraron una perseverancia ejemplar, sosteniendo la misión y los valores que nos guían con dedicación y voluntad inquebrantables”, expresó en el documento difundido en sus cuentas de redes sociales.
Añadió que el Instituto de la Víctima se sigue fortaleciendo y prueba de ello es el esfuerzo que se realiza cada día en la defensa de los derechos de las víctimas de delitos, lo que calificó como una forma de “llevar una luz de esperanza” a quienes más lo necesitan.
De igual forma, Hernández reafirmó su compromiso de liderar la institución con transparencia, responsabilidad y excelencia.
“Optimista y con la frente en alto, estoy segura de que continuaremos construyendo los caminos de justicia y dignidad que las guatemaltecas y guatemaltecos merecemos”, puntualizó la directora.
Sentencia contra Hernández
La directora del Instituto de la Víctima y exdiputada del partido Movimiento Semilla, Ligia Hernández, recuperó su libertad en noviembre pasado tras permanecer 90 días en prisión bajo señalamientos de presuntas anomalías en temas electorales relacionadas con esa agrupación.
Hernández se sometió a un proceso de aceptación de cargos, a pesar de que reiteró su inocencia con respecto al caso donde ha sido sindicada, el cual fue denunciado en diversas ocasiones como persecución judicial por varios sectores, incluido Estados Unidos.
La condena fue por dos delitos, específicamente fiscalización electoral de fondos y financiamiento electoral no registrado. El juez Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo Penal, le impuso una pena de un año de prisión por cada cargo, además de una multa de Q20 mil. Sin embargo, dado que la sindicada se acogió a este procedimiento, las penas fueron reducidas en un cincuenta por ciento.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7
