El Gobierno de Guatemala se pronunció luego que se revelara este viernes 2 de mayo que el Ministerio Público (MP) le solicitó al Congreso de la República que traslade el acuerdo del nombramiento del presidente Bernardo Arévalo en el cargo.
En relación a la solicitud del nombramiento de Bernardo Arévalo como presidente de la república el MP dio a conocer que la Fiscalía de Delitos Administrativos remitió un oficio al Congreso de la República, esto como parte de las diligencias que se realizan en seguimiento a una denuncia por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia indicó que la información con la que cuentan sobre esa situación es la que se ha publicado en los medios de comunicación. Añadió que, de ser cierta la referida solicitud del MP, se "demuestra desconocimiento de la ley".
La oficina manifestó también que es un usual comportamiento de quienes actúan contra otras personas bajo criterios políticos, "mientras que grandes casos de corrupción quedan en total impunidad".
Petición surge de denuncia
En relación a la solicitud del nombramiento de Arévalo como presidente de la república, el MP dio a conocer que la Fiscalía de Delitos Administrativos remitió un oficio al Congreso de la República, esto como parte de las diligencias que se realizan en seguimiento a una denuncia por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.
"Cuando una denuncia ingresa, y como parte de las diligencias mínimas que se realizan, se requiere información a diversas instituciones, como ocurre en este caso al remitir el oficio a dicho organismo", añadió el Departamento de Información y Prensa del ente investigador.
Mientras tanto, el Legislativo detalló que será la próxima semana cuando procederá a darle respuesta al planteamiento que hizo la entidad dirigida por la fiscal general Consuelo Porras.
Esta situación ocurre en la misma semana en la que Arévalo anunció una acción legal contra Porras por acciones tomadas desde la fiscalía contra los pueblos indígenas.
El Gobierno ha considerado que existe persecución y criminalización contra las autoridades ancestrales, principalmente ante la detención del viceministro de Energía y Minas, Luis Pacheco, y el líder indígena Héctor Chaclán.
Ambos integraron la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán en 2023, cuando esta entidad encabezó las protestas ciudadanas a favor de la democracia y ahora son señalados de distintos cargos, incluido terrorismo, por su vinculación con estas manifestaciones.
* Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7
