El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó in limine los antejuicios planteados en contra del presidente Bernardo Arévalo y el diputado Samuel Pérez por su presunta implicación en las manifestaciones del 2023.
El pleno también rechazó la solicitud de retiro de antejuicio, planteada por el Ministerio Público, en contra del secretario general de la presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica.
En el caso de Arévalo y Pérez, las acciones fueron promovidas el año pasado en busca de que se les despojara del derecho de inmunidad para que el Ministerio Público (MP) pudiera profundizar en las investigaciones en su contra.
Guatemala vivió una serie de jornadas de protestas dos años atrás, en el marco del proceso electoral en el que resultaron ganadores Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, quienes compitieron para dirigir el Gobierno postulados por el partido Movimiento Semilla.
Hubo carreteras bloqueadas en todo el territorio, plantones y difusión de mensajes en redes sociales, como parte de una protesta general de la población para exigir el respeto a los resultados electorales y defender la democracia.
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FECI también busca investigar a Arévalo por supuesto lavado de dinero
En diciembre de 2023, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, dio a conocer los resultados de las investigaciones realizadas dentro del caso "Corrupción Semilla", en la fase denominada "financiamiento electoral no registrado y lavado de dinero". Además, anunció que se presentaron solicitudes de antejuicio contra el entonces presidente electo, Bernardo Arévalo, y dos diputados por esa organización política.
En conferencia de prensa, el funcionario del Ministerio Público (MP) aseguró que esta agrupación recibió aportaciones en el marco de su formación como partido; sin embargo, no se sabe de qué personas provenían. "Este dato es importante porque se da la posible comisión de un hecho delictivo", resaltó.
Añadió que fueron al menos siete hallazgos los que se hicieron con respecto al manejo de las finanzas de Semilla, entre estas, uno relacionado con gastos permanentes destinados a la campaña electoral.
El fiscal Curruchiche señaló entonces que se solicitaría al gobierno de Estados Unidos, a través de distintas agencias, entre las cuales mencionó el FBI, la DEA y el ICE, que se procediera a rastrear en ese territorio los fondos.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
