La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, brindó una rueda de prensa este viernes 23 de mayo una visita de 12 días a Guatemala para verificar la situación del sistema de justicia en la nación gobernada por Bernardo Arévalo de León, quien expresó su preocupación por la criminalización de periodistas, abogados y jueces en el país.
Entre los resultados de la evaluación realizada, la funcionaria destacó que ha surgido en Guatemala un "patrón preocupante y continuo de criminalización", en el cual se utiliza el derecho penal para intimidar a quienes combaten la corrupción.
Por aparte, mencionó que se debe atender ciertos elementos que podrían poner en riesgo la autonomía de las instituciones. También habló de las carencias que observó en entidades del sistema de justicia.
"Me han llegado ecos de preocupaciones porque no se incluye, como es debido, la competencia cultural, el pluralismo o los derechos de los pueblos indígenas en la formación de los futuros jueces y abogados. Estas lagunas contribuyen a unas prácticas que no llegan a cumplir las normas de derechos humanos internacionales, sobre todo en lo que respecta a tierras ancestrales y recursos, lo que menoscaba la justicia en la sociedad guatemalteca que es muy diversa. Por lo tanto, es fundamental reforzar la formación", dijo.
Añadió que las autoridades deberían introducir mecanismos de evaluación y acreditación independientes y sólidos para las facultades basándose en normas adecuadas y objetivas.
Por aparte, indicó que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) tiene también una función fundamental para mantener la deontología en la práctica jurídica; sin embargo, indicó que recibió información de elecciones impugnadas, presión política y medidas disciplinarias insuficientes.
"Los cargos, recientemente electos a la cabeza de la institución, deben velar por reinstaurarlos mediante procedimientos disciplinarios transparentes y un firme compromiso a la observancia de la ética.
En cuanto al Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), consideró que traviesa retos estructurales y operacionales para ellos así es más difícil ofrecer una asistencia jurídica independiente, sobre todo en las regiones indígenas.
Entre los factores que inciden en que se complique la labor de la entidad, mencionó la falta de personal, las limitaciones logística y falta de interpretes, que, además, consideró que afectan el acceso a la justicia, lo limitan y contribuyen a crear desequilibrios sistémicos.
"El gobierno debería velar por que el instituto disponga de los recursos adecuados y estén bien protegidos de influencias indebidas para garantizar el derecho a la representación letrada justa", añadió Satterthwaite.
Traslados y sanciones en la Fiscalía sin seguir procedimientos
La Relatora de la ONU dijo que se han manifestado graves preocupaciones institucionales con respecto al liderazgo de la oficina del fiscal general en Guatemala desde 2018.
"Se ha hablado de un patrón de reestructuraciones que erosiona las garantías claves de la independencia en la fiscalía, una cuestión fundamental es el marco disciplinario jerarquizado, en el que la fiscal general ejerce su control sobre todas las fases del procedimiento desde que comienzan las investigaciones hasta las apelaciones y audiencias", expuso.
Explicó que los datos muestran que, desde 2018, se han sancionado a más de 600 fiscales y ha habido muchos despidos sin que se siguiesen los procedimientos disciplinarios previstos. Asimismo, se han visto afectados por esta práctica los jefes de unidades especializadas que conocían de casos de corrupción, derechos humanos o justicia de transición, en momentos clave de casos de alto perfil.
También se han usado los traslados como sanción. Incluso hay fiscales que han sido trasladados sin justificación a cargos distintos, lejanos de donde residían, en los que tienen dificultades para atender a las víctimas por obstáculos del idioma.
"Estas prácticas afectan sobre todo a fiscales que se encargan de casos especialmente delicados o con conexiones políticas y esto también plantea preocupaciones sobre presiones o represalias", enfatizó Satterthwaite.
De igual forma, la relatora señaló que, a pesar de un claro aumento al presupuesto del Ministerio Público, que se ha casi triplicado desde 2016, la financiación no llega a las unidades que combaten la corrupción y graves violaciones de derechos humanos, sino que se ha orientado a nuevas oficinas, algunas vinculadas a intereses privados.
En ese sentido, la funcionaria de Naciones Unidas indicó que, si bien la cobertura territorial se ha incrementado y muchos millones de casos han sido resueltos, menos del nueve por ciento han concluido con condenas.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.
