El juez Fredy Orellana, del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, envió un oficio a la oficina de atención permanente del Ministerio Público (MP) en la que informó acerca del nuevo caso abierto contra el exdirector de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Salvador Santos Neill.
En el documento se notificó que en audiencia se certificó lo conducente en contra de todas las personas que pudieran tener responsabilidad penal en el posible ingreso, resguardo, traslado o tenencia de un teléfono celular que estaba en poder del exfuncionario electoral.
Santos enfrenta proceso penal por su presunta implicación en el caso "Corrupción Semilla", en el que se investigan supuestas irregularidades en la creación del partido Movimiento Semilla y aparentes anomalías en el manejo de los resultados de las elecciones generales de 2023. Recientemente, fue enviado a juicio por resolución del juez Orellana.
Caso contra el exdirector de Informática
El Juzgado Séptimo Penal desarrolló el pasado martes la audiencia de ofrecimiento de pruebas del exdirector de Informática del TSE, Jorge Santos Neill. En el inicio de la diligencia, la fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Leonor Morales, dio a conocer que se inició un nuevo proceso penal en su contra por uso de equipo terminal móvil en centros de privación de libertad.
Según explicó, esta situación se dio cuando Santos pretendía ser colaborador eficaz dentro del caso en el que está señalado; sin embargo, cuando fue trasladado a la sede del Ministerio Público (MP) para rendir su declaración, de forma ilícita ingresó a la sede del ente investigador el teléfono celular.
De acuerdo con lo informado por la fiscal, fue por ese motivo que se solicitó el traslado del privado de libertad del centro de detención de Mariscal Zavala al preventivo de la zona 18 capitalina.
Tras escuchar lo expuesto por la FECI, el juez Fredy Orellana certificó lo conducente para que el MP inicie la investigación correspondiente para dar con los responsables del hecho ilícito, relacionado con el supuesto uso del celular en prisión por parte de un recluso.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
