El presidente Bernardo Arévalo fue consultado este viernes, 27 de junio, en el marco de la conferencia semanal denominada "La Ronda" sobre la población estudiantil que se ha visto afectada por la falta de clases debido a las medidas de hecho tomadas una minoría de maestros guiados por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), lideradas por el dirigente Joviel Acevedo.
Arévalo resaltó que el 90 % de los maestros en todo el país está cumpliendo con sus funciones y que continúan con el calendario escolar contemplado por las autoridades de Educación.
"Desafortunadamente, hay un grupúsculo, estamos hablando de un 10 % de los maestros que están en esta acción ilegal que se niegan a dar clases", expresó el mandatario.
El Ministerio de Educación ha mantenido un diálogo abierto y constante con los dirigentes del sindicato magisterial; no obstante, pese a las mesas de diálogo algunos maestros, que se manifiesta bajo una asamblea permanente, se encuentran pernoctando en la Plaza de la Constitución desde hace un mes.
Por su parte, el titular de la Procuraduría General de la Nación, Julio Saavedra, explicó que como institución, cuyo aspecto fundamental es el sometimiento al Estado de Derecho, están sujetos al cumplimiento de los derechos de todos los individuos y que su función en las mesas de diálogo entre el STEG y el Mineduc solo busca defender los derechos de la nación, en este caso el derecho a la educación de los menores de edad.
Saavedra aseguró que como PGN no interviene en las negociaciones colectivas, en que este caso solo intervienen la parte trabajadora, a través de los sindicatos, y la autoridad coordinadora.
Con relación a las reacciones por parte de miembros del STEC ante las acciones legales ya otorgadas, mencionó que cualquier acción fuera de la ley lo único que revela es la desesperación de un sujeto que no admite los mecanismos jurídicos para la resolución de los planteamientos.
"El desesperado toma medidas de hecho, el respetuoso de la ley se somete a los procesos jurídicos",
añadió en relación a la serie de amparos otorgados por tribunales constitucionales que defienden el derecho al acceso de la educación.
