Una menor de 12 años está involucrada en la muerte de un maestro en Huehuetenango, esto luego de causarle al menos siete heridas con arma blanca. La menor se encuentra bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y por lo que Lucrecia Prera, jefa de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia brinda detalles del marco jurídico que protege a la menor.
Según la entrevistada, durante el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas, dentro del ordenamiento jurídico interno en las leyes guatemaltecas existe la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. En esa ley se regulan dos procedimientos especiales que se deben tomar en cuenta al momento que nos enfrentamos a una situación como lo que ha sucedido con esta niña.
Protección a la niñez amenazada
Esta ley establece dos procedimientos especiales: el de niñez y adolescencia amenazada de violar sus Derechos Humanos y el de Adolescentes en conflicto con la ley penal. De conformidad con esta ley, se considera niño a toda persona desde su concepción hasta los 13 años de edad y adolescente de los 13 a los 18.
"De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, (los menores de 13 años) son inimputables. Eso significa que ningún menor o ninguna persona menor de 18 años puede ser tratada como criminal",
explicó.
Esto significa que la niña, al día de hoy, debe ser abordada como una víctima y proceso que aplica para ella es el de medidas de protección, "porque también la misma ley hace referencia de que cuando un niño está implicado en una situación que va en contra de la ley penal, el proceso que se debe atender es un proceso de protección especial, el cual debe buscar la restitución de los derechos que se consideren hayan sido amenazados", agregó.
Llamado a los padres de familia y responsables de menores
La funcionaria resalto que la ley es bastante clara en relación a las diferenciaciones que existen por edad, debido a que en un menor de 13 años se debe tomar en cuenta cómo ha sido su desarrollo dentro del entorno familiar.
"Creo que ese es un claro ejemplo del llamado que se debe hacer al a los padres de familia o a los responsables de los niños en cuanto a tener las herramientas necesarias para su educación, para la formación, porque ellos están en un proceso de formación y es por ello de que el trato hacia la niña debe ser diferenciado",
agregó.
El proceso de protección no limita los derechos del os menores, en realidad, lo que busca es que establecer la situación que estaba atravesando la niña. Esto debe ser evaluado desde dos enfoques, el psicológico y el social. Esto para determinar la influencia de la progenitora o cualquier otro aspecto que refleje por qué la menor actuó como lo hizo.
Atención integral a menor
La funcionaria resaltó que la función de la PGN es proteger a la niñez y en este sentido, a través de la investigación del caso, se determinará cuál será la mejor ruta para la menor.
"Se buscó, primero, que ella recibiera una atención integral, una atención primaria en cuanto a su estabilidad emocional, esa contención que ella pudo necesitar o que todavía esté necesitando por el impacto que lo que ocurrió le pudo haber causado. Y estamos en ese proceso de definir dónde será el mejor lugar para ella mientras este culmina este proceso de protección", agregó.
De acuerdo con Prera, el año pasado recibieron al menos 60 mil denuncias de niños y niñas amenazados y violados en sus derechos humano, en donde han dado seguimiento. No obstante, en estos procesos han evidenciado la violencia que existen en contra de los niños, niñas y adolescentes, la cual se desarrolla desde esa primera edad.
