El Tribunal de Mayor Riesgo B retomó este martes 16 de septiembre la etapa de conclusiones del caso TCQ, en el que se dilucidará la situación de Mario Ruano San José, exsecretario del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas Charchal, quien está señalado de incurrir en irregularidades.
Durante la audiencia de este día el abogado defensor, Francisco García Gudiel, hizo referencia a lo mencionado por el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, quien hace semanas dijo que los casos que investigaron las anteriores autoridades de esa unidad del Ministerio Público (MP) "se están cayendo", porque los acuerdos de colaboración eficaz fueron suscritos de forma anómala.
Ante ese extremo, el profesional del derecho pidió que no se le diera valor probatorio a la declaración en anticipo de prueba del exsecretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, que es de los principales elementos presentados por la fiscalía para respaldar la acusación.
García agregó que la acusación presentada por el Ministerio Público es "un mamarracho" y pidió la absolución de su patrocinado porque argumentó que durante la audiencia la fiscalía no pudo quebrantar su inocencia.
Por aparte, el defensor solicitó certificar lo conducente contra Sandoval y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, quien formó parte del equipo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entre otras personas involucradas en la investigación.
Declaración de Monzón
En septiembre de 2024, el Tribunal de Mayor Riesgo "B" continuó con el juicio contra cinco personas señaladas de recibir una serie de sobornos para favorecer la entrega en usufructo del puerto a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
En el marco de la audiencia se escuchó la declaración en anticipo de pruebas del colaborador eficaz, Juan Carlos Monzón, en la que explicó que en Cancún, México, se cerró este negocio que estaría marcado por diversas acciones ilícitas. Asimismo, se reveló que inicialmente se pedía un pago de 10 millones de dólares por órdenes de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
En general, el colaborador expuso cómo operaba la estructura criminal a la que se le atribuye esta negociación y, además de la exfuncionaria, mencionó al expresidente Otto Pérez Molina, a quienes se sindica dentro de este expediente por ser los posibles coordinadores de tales acciones irregulares.
"Recuerdo que él quería comprar una lancha más grande y en mejores condiciones de la que tenía. Entregó a la empresa la anterior lancha y pagó la diferencia, creo que eran 237 mil dólares", expresó.
Agregó que, sumado a "su lancha nueva", se adquirió equipo de pesca valorado en aproximadamente 37 mil dólares para el exgobernante. Entonces, según el testimonio, para movilizar esos recursos se hizo una serie de acciones por parte de personas vinculadas a la estructura, utilizando incluso empresas, tomando en cuenta los montos que se manejaban.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
