Desde el pasado 2 de septiembre, cuando se dio su aprobación de urgencia nacional en el Congreso de la República, el tema del decreto 7-2025, ha generado una serie de pronunciamientos. Distintos sectores, incluido el académico, empresarial, legislativo y de alcaldes, han expresado sus posturas para que sea vetado o sancionado por el presidente Bernardo Arévalo.
La Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural busca asegurar que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) puedan continuar utilizando los recursos no ejecutados durante 2024 para los proyectos de desarrollo que han sido interrumpidos, a pesar de que ya concluyó el referido ejercicio fiscal.
El Ejecutivo aseguró que recibió el decreto el pasado viernes y continúa en análisis. Arévalo indicó que, en su momento, se dará a conocer la postura oficial al respecto y la decisión sobre si será sancionado o vetado.
En ese contexto, aproximadamente 200 jefes ediles encabezados por el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), Sebastián Siero, se reunieron ayer en la Ciudad de Guatemala para entregar una petición a Arévalo, acompañada de 305 cartas de alcaldes, para que la referida normativa sea sancionada.
¿Inconstitucional y carente de análisis técnico?
Los alcaldes Enrique Arredondo, de Nuevo Santa Rosa; y Sebastián Siero, de Santa Catarina Pinula, quien también es presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (ANAM), expresaron esta mañana durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, sus posturas en cuanto al decreto 7-2025
Arredondo indicó que al haberse aprobado esta ley de urgencia nacional no hubo discusión ni dictámenes para abordar su contenido, ya que no siguió el proceso legislativo regular, que incluía el haber sido remitida a una comisión para su análisis.
Ante pronunciamientos que han surgido sobre similitudes que tendría esta normativa con otra promovida por diputados oficialistas e incluso parte del proyecto de Presupuesto 2026, el jefe edil indicó:
"El Ejecutivo sí presentó la iniciativa que llevaba casi el mismo contenido de la 7-2025. La presentaron, pero no se metió de urgencia nacional. Estaba presentada para su discusión, para corregirla y, hasta que todos estuvieran de acuerdo, someterla a votación, que fue lo que no pasó con esta ley".
Según sus palabras, si bien eran similares, en realidad son cosas distintas en cuanto al trato que se les dio, pues pasar de emergencia una iniciativa significa no conocer a profundidad, pero presentarla es otra cosa.
"Lo que pasa ahorita es un pulso de fuerzas políticas, un acomodamiento de ver y mostrarse uno con otro quién tiene el poder. Esa esa la mera situación en el país y la coyuntura", agregó el entrevistado sobre el escenario nacional.
También compartió que, desafortunadamente para unos y afortunadamente para otros, pasó con esta ley donde tienen que ver los alcaldes, por lo que consideró que se están viendo involucradas tres "fuerzas poderosas": Ejecutivo, Legislativo y alcaldes.
El jefe edil consideró que lo que todo esto desató una serie de dimes y diretes porque son tres grupos fuertes en poder, hablando de decisiones. En su opinión, es una guerra de poderes para demostrarse qué es lo que tiene cada uno. Esto se da por tener a las puertas el presupuso nacional y un año complicado e importante, con decisiones y elecciones sumamente determinantes para el rumbo que tomará el país.
"Pero, lo que realmente debería estar pasando en este momento, es buscar la unidad nacional, los consensos, la gobernabilidad, que esa es la responsabilidad que tendría el Estado, el Gobierno, el Congreso, los alcaldes y todos los que estamos inmersos en la cosa pública", enfatizó.
Desgaste y críticas por un elemento crucial para combatir la corrupción
El presidente de la Anam fue cuestionado durante el programa sobre el desgaste que podría generarse si en caso Arévalo opta por vetar el decreto 7-2025; sin embargo, consideró que ese desgaste ya ha iniciado.
"Estamos muy sorprendidos y asombrados de que el Ejecutivo, con toda su maquinaria, esté operando en contra de una ley que trae los mismos artículos que ellos propusieron. Los que iniciaron con esta propuesta fueron ellos, la 6576 de Sanabria, y el presupuesto 2026 de Menkos", señaló.
En su opinión, ahora ese organismo está "atacando" algo que él mismo había propuesto. "Por eso ayer llegamos a entregar 305 cartas de igual número de municipalidades, pidiendo que se sancione la ley, porque viene a resolver un problema de fondo de hace años en el país, que es el atraso en el acceso a los fondos, también que se pierde el presupuesto y siguen las obras tiradas", dijo.
"Esta ley viene a realmente solucionar un problema de fondo en la ejecución de proyectos del país, Viene realmente a combatir la corrupción, va a reducir los chantajes que vienen de las gobernaciones por la entrega de los fondos. Va a reducir los chantajes que se dan en el Congreso y, lo más importante de todo, va a hacer que las obras sean más rápidas y más ágiles", expresó.
Ante la posibilidad de que, en algún momento, el tema llegue a la Corte de Constitucionalidad y esta resuelva que la ley es inconstitucional, el entrevistado señaló que de parte de los alcaldes se estaría respetando esa decisión, aunque consideró que desde su punto de vista no es inconstitucional.
"Por ejemplo, si Arévalo vetara esto por ser inconstitucional, si se aprueba el Presupuesto 2026 también debería vetarlo, porque sigue la misma lógica, el artículo 55 trae el mismo fundamento, genera lo mismo: que los fondos pasan al siguiente año", aseguró Siero.
En ese contexto, mencionó que si el gobernante realmente está comprometido contra la corrupción debe sancionar la ley, ya que si no se cambia la situación actual, esta problemática sobre el manejo de fondos para las obras en las comunidades seguirá en los próximos gobiernos.
