El tema del decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, continúa generando una serie de opiniones con enfoques en que pueda ser vetada o sancionada por el presidente Bernardo Arévalo en los próximos días.
El asunto fue abordado este lunes 22 de septiembre durante una entrevista en el programa A Primera Hora, donde se conversó con: Claudia Villagrán, analista política independiente y exmiembro del equipo fundador de Intrapaz, exsubsecretaria de Transformación de Conflictos de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República; y Cecil de León, analista y catedrático universitario.
Con respecto a la situación que enfrenta Arévalo ante la decisión que debe tomar, Villagrán consideró que esta es bastante compleja, pero indicó que, según su impresión, va a proceder a vetarla.
"Y esto viene un poco más a partir de que tanto su ministro como él mismo han aclarado que la ley podría tener algunas inconstitucionalidades y, por lo tanto, me parece que si ya lo han anunciado será porque están pensando en eso como una razón suficiente para no aprobar la ley", expresó.
"Las consecuencias, yo creo que pueden ser variadas, desde una manifestación muy abierta y muy pública de parte de los 305 alcaldes que enviaron cartas y plantearon la solicitud de que procediera a sancionarla y, quien sabe, quizá de repente algún tipo de acción de parte del Congreso que podría ignorar el veto del presidente y decidir, de todas maneras, aprobar la ley en el Legislativo", agregó.
Si se diera el escenario del que se habla donde se avalaría la ley, de todas formas, por el Legislativo, la entrevistada indicó que, ello, obviamente, implicaría una nueva batalla para el presidente a nivel del Congreso.
Pulso político y "bolsón electoral"
A criterio del analista Cecil de León, lo que se puede observar es que hay un pulso y una gran negociación detrás de esta iniciativa y, sobre todo, de estas acciones que se están tomando para buscar la aprobación definitiva del decreto 7-2025. Señaló que el papel que el presidente pueda tener respecto a la aprobación de esta ley "es irrelevante", en tanto que ya pasó en el Congreso con más de 105 votos.
"El otro elemento es que la otra situación de reconocimiento y la opinión que la población tiene sobre el ejercicio presidencial actual es negativa, entonces, ya de por sí carga un lastre el presidente respecto a que hay disponibilidad de recursos, pero no se ve la obra física, no hay avances. Eso corresponde a su responsabilidad. Es innegable que las carreteras están en estado muy malo, es innegable que la esperanza que tenía la población ha volado por los aires, porque no se ha materializado lo que la gente estaba esperando, que eran cambios sustanciales que los beneficiaran en otras maneras y no ponerlos en situaciones peor que otros años", dijo.
Asimismo, señaló que la popularidad del presidente no va a mejorar vetando la ley, porque, según sus palabras, de todas formas, el Congreso la va a aprobar, haciendo valer esa mayoría, a pesar del veto. Ello, aunque luego podrían surgir procesos en cortes, incluida la de Constitucionalidad.
"El gran problema, como otros analistas han dicho, es que en el proyecto de Presupuesto 2026 sucede lo mismo (que en el decreto en cuestión). Está también planteado que ciertos recursos, solo por un año, puedan ser acumulados", expuso.
A criterio de De León, esto significa que hay dos bloques supuestamente confrontados que están impulsando en el Congreso la misma situación, pero uno excluye al otro. Y ese sería el tema justamente: quién controla los recursos.
"Lo que se quiere es un bolsón electoral, porque en 2026 se empieza de lleno el año, full campaña electoral, entonces se ve que hay dos grandes corrientes políticas que están buscando tener recursos e impedirle al otro equipo, contendientes, no tener los mismos recursos para asegurar recursos efectivos en campaña electoral", puntualizó el entrevistado.
