El Tribunal de Mayor Riesgo B continuó este martes, 30 de septiembre, con la etapa de conclusiones del caso conocido como TCQ, en el que se investigan supuestas irregularidades para favorecer la entrega en usufructo del puerto a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Durante la audiencia de esta mañana, la defensa de los acusados presentó sus argumentos para solicitar que se dicte una sentencia absolutoria a favor de sus patrocinados. Son cinco personas las que están siendo juzgadas, contra quienes la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) pidió penas de entre 10 y 26 años de privación de libertad.
Tras finalizar esta etapa de planteamientos de los abogados, se le dio la palabra a cada uno de los procesados, incluido el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas René Charchal, quien señaló que durante el juicio se logró comprobar su inocencia y consideró que las acciones de la anterior FECI fueron "ilegales".
"Estoy aquí con la frente en alto, con la conciencia tranquila. Confiando en que ustedes, como conocedoras de la ley, con tanta experiencia y trayectoria, harán lo que sé que deben hacer: aplicar la ley e impartir justicia", dijo dirigiéndose al tribunal.
"En todo este tiempo, de los casi 10 años, dos privado de libertad, me alejaron de mi familia, de mi hogar, de mis hijos, de mi trabajo, pero nunca perdí la fe en Dios y la confianza en que esto tenía que terminar. Hoy, estamos en la etapa final, confiando, primeramente en Dios, en que se va a hacer justicia", continuó.
Charchal señaló que en este proceso se vio mancillado el principio de que la justicia debe ser pronta y consideró que con ello es imposible que haya sido parte de la objetividad de su proceso.
Además del exmagistrado, en este caso están están señalados:
- Mario Ruano San José, exasistente de Charchal.
- Julio Norberto Esquivel Orellana.
- Lazaro Noé Reyes Matta.
- Gustavo Martínez Luna, exsecretario de la Presidencia.
Tras escuchar la última palabra de cuatro acusados, el tribunal suspendió la audiencia y programó para el 13 de octubre la diligencia donde se escuchará al ultimo señalado y se dictará la sentencia correspondiente.
Acerca del caso TCQ
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la FECI, con sus anteriores autoridades, investigaron el caso TCQ y señalaron que, de enero de 2012 hasta abril de 2025, se concertó un grupo criminal con roles definidos.
Sus operaciones se concentraron en obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato supuestamente irregular a favor de la entidad TCQ, destinado a ceder parte del terreno de la portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.
Según las pesquisas, la función de estas acciones era interferir en diversos actos dirigidos a la realización del proyecto y de esa forma beneficiarse al recibir millonarias sumas de dinero bajo concepto de sobornos.
