El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) expresó su preocupación por los efectos del Decreto 09-2025, recientemente aprobado por el Congreso de la República, el cual reforma la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.
El sector privado organizado indicó que la reforma introduce exclusiones a sectores con capacidad de generar impactos ambientales, lo que debilita el sistema de gestión ambiental, contradice el principio constitucional de igualdad ante la ley y crea vacíos de control que pueden derivar en un retroceso para la sostenibilidad y la certeza jurídica.
"Las empresas formales continúan sujetas a obligaciones y controles. No obstante, la reforma genera un trato desigual, al dejar fuera de fiscalización a ciertos actores, distorsionando la competencia y promoviendo la informalidad", indicó el CACIF.
El CACIF agregó que estas excepciones generan un marco de incertidumbre regulatoria que puede afectar la inversión, disminuir la confianza en el cumplimiento de acuerdos internacionales y proyectar un retroceso en materia de desempeño ambiental a nivel país.
El sector privado organizado solicitó al Presidente, Bernardo Arévalo, vetar el Decreto 09-2025 para resguardar el marco jurídico ambiental, evitar retrocesos institucionales y asegurar reglas claras y justas para todos los sectores.
El Pleno del Congreso de la República aprobó el martes 30 de septiembre el Decreto 9-2025, la que exonera a iglesias e instituciones benéficas del estudio de impacto ambiental; el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) advirtió su preocupación ante dichas reformas que promueve la impunidad ambiental.
El Ministerio de Ambiente a través de un comunicado manifestó que la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, promueve la impunidad ambiental, otorga privilegios a grupos sin ningún fundamento técnico, y promueve el incumplimiento de la legislación.
