El Juzgado Séptimo Penal resolvió este miércoles, 8 de octubre, dictar sentencia condenatoria contra Angelita Martínez, trabajadora del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y sindicalista de la institución, quien enfrentó proceso penal por su implicación en el caso "Corrupción Semilla".
En horas de la mañana se inició la audiencia en la que se establecería si la sindicada enfrentaría o no juicio por su presunta implicación en el referido expediente, el cual es investigado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
A la sala de audiencias se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ya que, aparentemente, se tenía previsto ejecutar una orden de captura contra la sindicada.
Mientras tanto, el juez Fredy Orellana otorgó la palabra a cada una de las partes para exponer sus argumentos. La defensa pidió que se dictara falta de mérito por los cargos que se le atribuían, pero el Ministerio Público (MP) aseguró que existen indicios suficientes para que enfrentara debate.
Tras esta situación, los abogados de Martínez, al momento de debatir lo dicho por el MP, le notificaron al juez que su patrocinada se estaría adhiriendo al procedimiento de aceptación de cargos.
El togado admitió tal solicitud y, tras analizar los argumentos, emitió una sentencia condenatoria por el delito de abuso de autoridad en forma continuada, por lo que se le dictó una pena de dos años de prisión conmutables a razón de Q5 por día e inhabilitación especial durante el mismo período para ejercer cargos públicos.
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Señalamientos contra trabajadora del TSE
Martínez fue capturada el pasado 17 de junio en el marco de un allanamiento coordinado por la FECI, en coordinación con las fuerzas de seguridad. Posteriormente, fue ligada a proceso penal por la posible comisión del delito de abuso de autoridad en forma continuada por hechos que se investigan dentro del caso Corrupción Semilla.
De acuerdo con las investigaciones del MP, esta persona habría coaccionado a colaboradores del TSE y bajo amenazas presuntamente les pidió que no les hablaran a personas a las que se señalaba de haber denunciado a la magistrada Blanca Alfaro, actual presidenta en funciones del órgano electoral.
De igual forma, sería quien supuestamente presentó la denuncia por la supuesta suscripción anómala del contrato de compra del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), caso por el que hay procesados cuatro magistrados titulares TSE.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7
