Una serie de señalamientos, acciones legales y pronunciamientos a nivel nacional e internacional ha surgido en medio de la coyuntura nacional, principalmente enfocados en los obstáculos que enfrenta el Gobierno ante las medidas surgidas desde las instituciones judiciales y legislativas que, según ha denunciado el propio presidente Bernardo Arévalo, estarían buscando obstaculizar su mandato.
La referida situación fue abordada este lunes 3 de noviembre en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde se conversó con Gregorio Saavedra, abogado, consultor en materia de transparencia y anticorrupción y analista en temas de política y justicia; y Renzo Rosal, analista político.
La Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la semana pasada una controvertida resolución del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, que buscaba declarar vacante el cargo de presidente y desconocer otros resultados de las Elecciones Generales 2023, garantizando así la inalterabilidad de los resultados de las elecciones de 2023.
El pleno de magistrados del tribunal constitucional declaró "con lugar" una solicitud de asistencia para la debida ejecución de una sentencia anterior. Esta figura legal se invocó para hacer cumplir una orden previa de la propia Corte, emitida en diciembre de 2023, que ya había blindado el proceso electoral contra intentos de suspensión o anulación por parte de autoridades ajenas a la materia.
Saavedra fue uno de los profesionales del derecho que planteó la debida ejecutoria, ante lo cual mencionó durante el programa que, teniendo el antecedente de hace dos años, la Corte falló de nuevo dando legalidad a la toma de posesión de las autoridades actuales.
"En realidad, lo que ocurrió es que cuando vimos que dentro de la misma lógica de lo que ocurrió en 2023 y ya teniendo una sentencia de la CC del 14 de diciembre de ese año, que daba la razón a los amparistas, en este caso unos profesionales y ciudadanos, junto con mi persona, y auxiliados por el licenciado Edgar Ortiz, nos había dado la razón de eso y había garantizado la sentencia de los resultados electorales y los efectos del proceso electoral: la toma de posesión y el ejercicio de las funciones", explicó.
El entrevistado agregó que buscar alterar los resultados electorales, que según sus palabras era lo que estaba intentando el juez Orellana, atentaba contra esa sentencia. Entonces, consideraron que la forma de evitarlo era hacer cumplir la sentencia que ya había sido emitida.
"Creo que el respeto de las resoluciones judiciales es fundamental para el estado de derecho y una corte para hacerse valer tiene que poder hacer cumplir sus resoluciones", enfatizó.
Destacan pronunciamiento internacional
El analista Renzo Rosal se refirió a que, sumado a la resolución de la CC, se llevó a cabo una reunión extraordinaria del Consejo Permanente en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para conocer la situación de la democracia en Guatemala, donde se expresó el respaldo de parte de diferentes naciones al país.
En su opinión, es claro que quienes están detrás de las acciones que han pretendido desconocer los resultados electorales, no gozan ni del más mínimo respaldo.
"Allí viene lo determinante de cómo ese conjunto de acciones, unas nacionales, como de la CC, del presidente y otros sectores del país, pero también la comunidad internacional", dijo.
El entrevistado subrayó esto último, pues mencionó que, al unísono, todos declararon muy claramente que prácticas de esta naturaleza ya no aplican y nunca aplicaron.
