El político Roberto Arzú García-Granados dio a conocer este miércoles, 19 de noviembre, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución con la que se garantiza que si se diera el caso en el que intente participar como candidato en un próximo proceso electoral no se le debe vedar su derecho a postularse como, según señaló, se hizo en las elecciones de 2023.
"La resolución amistosa y la homologación de parte de la comisión (refleja) lo que fue la ilegalidad con la que fui dejado fuera de las elecciones pasadas en Guatemala. Esto es un precedente fantástico para todos los guatemaltecos, no solo para mi persona, porque esto lo que hace conmigo es que, si yo decidiera participar en las próximas elecciones, esto garantiza que no me pueden vedar ese derecho", dijo.
Las declaraciones de Arzú se dieron a conocer por medio de sus cuentas de redes sociales, donde informó que viajó a Estados Unidos para darle seguimiento a su caso ante la referida comisión.
Asimismo, indicó que pidió a la CIDH medidas cautelares por la supuesta persecución de la que es objeto por parte del Ministerio Público. Expuso que desde esa entidad han surgido señalamientos, a su criterio, sin fundamento.
Ministerio Público se pronuncia
El Ministerio Público emitió un pronunciamiento luego de que Arzú brindara las declaraciones sobre acciones que estarían surgiendo desde esa entidad para afectarlo a él personalmente y que hablara de la existencia de persecución en su contra.
"Todas las investigaciones que se realizan con base en denuncias presentadas, se fundamentan en la objetividad y en la evidencia recopilada dentro de cada expediente, sin responder a intereses particulares ni externos", aseguró.
Además, señaló que llama la atención que Arzú busque "excusarse en supuestas persecuciones", cuando las acciones de la fiscalía se desarrollan en el "marco estricto de la ley y en cumplimiento a la misma".
En ese contexto, el Ministerio Público rechazó cualquier señalamiento de persecución y reiteró que las acciones impulsadas por la institución están sujetas a control judicial y se desarrollan en estricto respeto a los derechos y garantías de las personas involucradas.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7
