La relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, por medio de su cuenta en X publicó la carta que envió al Gobierno de Guatemala, donde le manifestó su preocupación por lo que considera criminalización de al menos 26 personas operadoras de justicia que investigaron el emblemático caso Odebrecht.
Según la relatora, este caso repite un patrón preocupante de criminalización contra personas operadoras de justicia, en particular fiscales y exfuncionarios que formaron parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y de la ahora extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En su opinión, el uso de tipos penales graves como asociación ilícita, conspiración, colusión y abuso de autoridad, en ausencia de nuevas pruebas, podría constituir un uso infundado e instrumental del derecho penal por parte del Ministerio Público y podría tener un efecto intimidatorio sobre otros fiscales y jueces y juezas que actualmente investigan casos de corrupción.
En ese contexto, consideró que el Gobierno de Guatemala debe adoptar todas las medidas disponibles para poner fin a la criminalización. Asimismo, señaló que el Ministerio Público debe "cesar inmediatamente" esta práctica. Mientras que los jueces y juezas deben identificar los casos que sugieran criminalización y evaluar de manera independiente e imparcial cada caso conforme a la ley y a la Constitución, incluidas las normas de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad.
Gobierno guatemalteco responde
Ante ello, el Gobierno le respondió a la relatora por medio de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos indicando que, actualmente, Guatemala atraviesa un momento crítico en relación con la criminalización de defensores de derechos humanos, a pesar del firme compromiso del Gobierno con la protección de los derechos humanos.
Según la oficina, lo anterior se ha traducido en la decisión de reabrir las puertas del Estado a los mecanismos internacionales de protección, permitiendo una supervisión independiente de la situación de derechos humanos en el país. "Ejemplo de ello son las visitas oficiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la CIDH", enfatizó.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7
