El Gobierno de Guatemala se pronunció luego de la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) este martes, 30 de diciembre, por medio de la cual quedó en suspenso la aprobación del Decreto 27-2025, que contiene la Ley del Presupuesto General de Ingreso y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026.
El alto tribunal constitucional aceptó la solicitud de suspensión promovida mediante recursos de amparo ante presuntas irregularidades en la aprobación de las cuentas públicas y consideró que "las circunstancias lo hacen aconsejable".
El amparo (recurso legal) otorgado por el máximo tribunal guatemalteco, compuesto por cinco magistrados, es momentáneo y deberá ser ratificado o denegado eventualmente de manera definitiva. Mientras tanto, según expertos en el tema, quedará vigente el mismo presupuesto de 2025 para su ejecución el próximo año.
Ejecutivo anuncia reajuste presupuestario
Por medio de un comunicado, el Gobierno a cargo del presidente Bernardo Arévalo garantizó la continuidad del Estado tras la suspensión del Presupuesto 2026 y reiteró que trabaja día a día por responder a las necesidades del pueblo guatemalteco y mover al país hacia un estado moderno, de bienestar y desarrollo.
"Nada frena la voluntad de este gobierno por cumplir este mandato", enfatizó el Ejecutivo, a la vez que indicó que, ante la decisión de la CC, actuará en el marco de la legalidad para cumplir sus compromisos.
De acuerdo con este organismo, la Constitución de la República establece mecanismos claros para garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado. Entonces, cuando un presupuesto no entra en vigencia, se aplica el presupuesto anterior para que las instituciones sigan operando.
Por ello, señaló que continuará trabajando en las vías necesarias que permitan que los recursos lleguen a los ciudadanos, así que se trabajará inicialmente en un reajuste presupuestario que garantice un presupuesto acorde a las necesidades de la población.
Asimismo, en enero se trasladará al Congreso de la República una iniciativa de ley que modifique el presupuesto para adecuarlo a los desafíos económicos, sociales e institucionales del 2026 y a los resultados del tercer año de Gobierno.
