La elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC) se vio ensombrecida por denuncias de intimidación y allanamientos, lo que provocó el rechazo de la comunidad internacional hacia las acciones del Ministerio Público (MP) durante la jornada de votación del pasado jueves 12 de febrero
La Fiscalía allanó el jueves la sede del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), donde más de 30.000 juristas estaban convocados para elegir a un nuevo miembro de la Corte de Constitucionalidad.
La Misión de Acompañamiento a los procesos de renovación de autoridades judiciales y electorales 2026 de la Unión Europea (UE) denunció este viernes que el operativo ejecutado por la Fiscalía el 12 de febrero, que incluyó vigilancia intrusiva, cierre de centros de votación y un despliegue desproporcionado de fuerzas de seguridad, alteró gravemente el desarrollo electoral.
En un comunicado, la Misión subrayó que estas actuaciones generaron "incertidumbre" y un "efecto intimidatorio evidente", además de restringir el acceso a la prensa, en los centros de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
Por su parte, la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala expresó su "más enérgica condena" ante la intervención del Ministerio Público en el proceso de elección gremial para el máximo tribunal del país centroamericano.
Según la OEA, estas medidas de carácter coercitivo constituyen un "altísimo riesgo constitucional" al interferir con el ejercicio libre del sufragio y comprometer la independencia judicial.
A estas voces se sumó la coalición Alianza por las Reformas, integrada por 40 organizaciones civiles guatemaltecas, que denunció el uso del sistema penal como una herramienta para intentar incidir en los resultados del gremio profesional.
El proceso de renovación de la CC es vital para la estabilidad democrática de Guatemala, ya que este tribunal es el máximo intérprete de la Constitución. La elección actual ocurre en un clima de alta tensión entre el Ejecutivo de Bernardo Arévalo de León y una Fiscalía cuestionada internacionalmente.
A pesar de los incidentes, la abogada Astrid Lemus se impuso en las urnas del Colegio de Abogados y Notarios, en un evento que los observadores consideran una prueba de fuego para la integridad del sistema de justicia guatemalteco.
Estos comicios definieron a uno de los cinco magistrados que integrarán el tribunal. Los cuatro restantes serán designados en las próximas semanas por el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Presidencia y la Universidad de San Carlos.
Vía EFE
