Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron este lunes, 16 de febrero, su preocupación con respecto a un caso que surgió sobre adopciones ilegales en el que podría estar involucrada la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Consuelo Porras.
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, compartió en sus redes sociales el pronunciamiento relacionado con el tema y señaló que los hechos irregulares se habrían dado entre los años 1968 y 1996.
Los afectados serían al menos 80 niños y niñas de los pueblos indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el "Hogar Temporal Elisa Martínez" después de su captura y desaparición forzada.
De acuerdo con la información difundida, en los hechos supuestamente estuvieron involucrados funcionarios públicos, incluyendo a la ex directora/administradora de ese recinto, Consuelo Porras, quien habría sido la "tutora legal" de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982.
La ONU recordó que las adopciones ilegales pueden ocurrir mediante una serie de actos ilícitos o prácticas ilegales, incluidos el fraude en la declaración de adoptabilidad, la falsificación de documentos oficiales, la coacción o la falta de consentimiento libre e informado de los padres biológicos, así como el beneficio financiero indebido para los intermediarios. Sin embargo, no se aclaró el papel que posiblemente tuvo la funcionaria guatemalteca.
Se informó que las y los expertos pidieron investigaciones independientes sobre las alegaciones de que en estos procesos de adopciones internacionales supuestamente participó la fiscal y, en general, sobre la situación que se dio en el marco de estos hechos.
Preocupación por supuesta participación de Porras
La relatora Satterthwaite aseguró en redes sociales:"Hoy, mis colegas y yo expresamos nuestra preocupación por la información recibida recientemente que vincula a la actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta, con un proceso de adopciones ilegales".
Añadió que les alarma particularmente que no se haya llevado a cabo una investigación "pronta, exhaustiva, independiente e imparcial" sobre la presunta participación de autoridades estatales en estos procesos. Asimismo, que las personas afectadas por estas adopciones forzadas, según la información, no hayan recibido un reconocimiento ni reparaciones adecuadas.
La experta añadió que los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones relacionadas con adopciones ilegales y desapariciones forzadas. También de garantizar que las víctimas y sus familias ejerzan sus derechos de justicia y reparación. De igual forma, señaló que como expertos se mantienen en contacto con las autoridades guatemaltecas para darle seguimiento al tema.
De igual forma, recordó que Porras, cuya gestión al frente del Ministerio Público finaliza en mayo de 2026, está buscando posicionarse en la Corte de Constitucionalidad, a donde se postuló para ocupar una magistratura durante los próximos cinco años. En ese sentido, mencionó que quienes están a cargo del nombramiento judicial deben ejercer "cautela" ante lo que describió como "graves alegaciones".
