La cuestionada fiscal general, Consuelo Porras, perdió este lunes 16 de febrero, la elección para formar parte de la Corte de Constitucional (CC) por decisión del Consejo Superior de Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) aunque aún tiene oportunidad de acceder a ese cargo judicial.
Porras no sumó votos del CSU, que eligió a la abogada Julia Rivera, que obtuvo 23 sufragios, para convertirse en la designada por la casa de estudios para formar parte de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031.
Sancionada bajo fuertes señalamientos de corrupción por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, Porras aún tiene opciones de llegar a ser parte de la Corte de Constitucionalidad si se postulara y fuera elegida como representante del Congreso o de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La renovación de la Corte está establecida en la ley, que dispone la designación de cinco magistrados titulares por igual número de instancias: la Universidad de San Carlos, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el Organismo Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.
Varias personas llegaron este lunes al hotel en Antigua Guatemala, donde se realizó la elección de la universidad estatal, para protestar en contra de una posible designación de Porras Argueta.
Según analistas, la elección de los magistrados es trascendental para la lucha contra la corrupción en Guatemala durante los próximos cinco años.
De ser elegida magistrada de la CC, puede permitirle a Porras tener inmunidad ante cualquier investigación en su contra después de deje la Fiscalía en mayo próximo, cuando culminará su periodo.
El mismo Ministerio Público al mando de Porras intervino la semana pasada con un allanamiento en los comicios para el nuevo magistrado elegido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), aunque la designación no fue interrumpida y más de 8.000 juristas seleccionaron a la abogada Astrid Lemus (opositora de Porras) como su representante.
Los nombramientos pendientes a cargo del Organismo Ejecutivo, presidido por Bernardo Arévalo de León, así como del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, se llevarán a cabo en las próximas semanas, ya que los nuevos magistrados deben asumir funciones en abril de este año.
Porras y la Fiscalía intentaron evitar la investidura de Arévalo de León en 2024 y también revocar los resultados electorales de 2023 que llevaron al cargo al actual mandatario, tras ganar los comicios con un discurso anticorrupción.
Vía EFE
