La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala instó este viernes, 20 de marzo, a las autoridades a garantizar una "valoración objetiva" de la trayectoria judicial en el actual proceso de elección del próximo fiscal general para el periodo 2026-2030.
El pronunciamiento surge tras la promoción de un recurso de amparo que pretende excluir a aspirantes que han desempeñado funciones en la administración de justicia como jueces o magistrados porque, según se argumenta, el desempeño de cargos judiciales no equivale al ejercicio de la profesión de abogado, un requisito indispensable según la Constitución Política.
Ante esto, la misión del organismo regional subrayó en un comunicado que la función jurisdiccional constituye una "manifestación especializada, continua y pública del ejercicio jurídico".
Asimismo, la Misión Especial de la OEA advirtió que aplicar interpretaciones "excesivamente restrictivas y formalistas" podría limitar de forma irrazonable la participación de jueces y magistrados en una etapa crucial para la democracia guatemalteca.
Proceso de elección de fiscal general bajo "vigilancia"
El proceso de selección y nombramiento del nuevo fiscal general que sustituirá a Consuelo Porras -actual jefa del Ministerio Público (MP), cuya gestión ha sido señalada por actores externos debido a sanciones por supuesta corrupción- se desarrolla bajo una intensa vigilancia internacional.
La Comisión de Postulación, instalada el pasado febrero, tiene la tarea de entregar una nómina de seis candidatos al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, quien deberá realizar el nombramiento final antes del 16 de mayo.
La OEA reiteró que el análisis de los requisitos debe basarse en criterios "claros, objetivos y previsibles", con el fin de resguardar la certeza jurídica y la estabilidad institucional.
El organismo enfatizó que cualquier decisión de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano, sobre los amparos vigentes debe fortalecer la confianza ciudadana y el respeto al Estado de derecho.
