La atención sobre el proceso de selección del próximo fiscal general y titular del Ministerio Público (MP) en Guatemala crece a medida que se acerca la fecha clave de las entrevistas públicas. La próxima semana, observadores del Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT), entre ellos el abogado chileno Jaime Arellano, estarán en el país para analizar de cerca un procedimiento marcado por preocupaciones de transparencia y legalidad.
Arellano, ex viceministro de justicia de Chile y ex director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas de la OEA, subrayó dos retos principales que enfrenta Guatemala en estos procesos de alta relevancia. El primero, el uso malicioso de los amparos que, según el experto, han obstaculizado históricamente la selección de magistrados en la Corte de Constitucionalidad. El segundo, la ausencia de criterios técnicos claros y de transparencia en los procesos de postulación y selección.
En un análisis que compartió durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, Arellano destacó la falta de un perfil público concreto para quien aspire a liderar el Ministerio Público. "Era fundamental que la comisión de postulación definiera el perfil idóneo para enfrentar desafíos como crimen organizado, corrupción y conflictos de intereses entre el mundo empresarial y estatal", enfatizó. Sin ese parámetro previamente establecido, las postulaciones han sido dispares en calidad y pertinencia, consideró.
Para el abogado, la criminalización de los amparos utilizados como herramienta política y la carencia de una evaluación diagnóstica integral a las y los aspirantes son síntomas de un sistema que necesita mayor claridad y consistencia. Lamentó que en los guiones de entrevistas públicas no se contemple un análisis profundo sobre el estado actual del Ministerio Público.
La comisión de postulación dio un paso adelante al impulsar las entrevistas públicas como un mecanismo para interrogar sobre planes y propuestas de cada aspirante. Arellano reconoció este avance, pero insistió en la importancia de evaluar no solo ideas teóricas, sino también la preparación profesional, la ética y la integridad de cada candidata o candidato.
Tensiones legales y retos institucionales
Guatemala vive una tensión entre el uso correcto del derecho de amparo y su manipulación para obstaculizar procesos legales clave. "Hay una tendencia al formalismo excesivo, donde el amparo, en vez de proteger derechos ciudadanos, se utiliza para bloquear o desviar procedimientos", denunció Arellano.
El experto señaló casos donde el amparo se emplea como una herramienta multifuncional que, sumado a la complicidad de ciertos sectores judiciales, ha permitido suspender procesos o excluir a participantes clave en elecciones determinantes, como las de la Corte de Constitucionalidad.
Asimismo, Arellano advirtió sobre problemáticas éticas cuando magistrados que aspiran a la reelección no se inhabilitan para conocer recursos que podrían beneficiarlos directamente. "Ese conflicto de interés debería impedir su participación en dichos fallos", subrayó.
Expectativas para la elección y el rol del próximo fiscal general
La comisión de postulación debe exigir respuestas claras sobre el uso ético del poder en quienes buscan liderar el Ministerio Público. "Las y los aspirantes deben demostrar que no emplearán sus facultades para persecuciones políticas y actuarán con lealtad a la Constitución y las leyes, incluso si eso significa investigar a quienes los apoyaron en su elección", afirmó Arellano.
En cuanto a la observación internacional, el acceso a las entrevistas será libre y los panelistas buscarán asistir a la mayor cantidad posible, aunque también darán seguimiento a todas las transmisiones. El interés radica en garantizar que el proceso sea realmente público y transparente.
Se requiere un Ministerio Público comprometido con la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y los intereses particulares en política y negocios, dijo en la parte final de la entrevista el experto. Mencionó que el próximo fiscal general debe demostrar objetividad técnica y ética, siendo capaz de responder a los desafíos presentes y futuros.
De acuerdo con Arellano, solo con un sistema de justicia eficiente, autónomo y ajeno a conflictos de interés podrá Guatemala fortalecer la confianza ciudadana en la investigación y persecución criminal.
