El Congreso de la República publicó este lunes, 20 de abril, en el diario oficial el Decreto 11-2026, Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, normativa de emergencia que establece un apoyo social temporal dirigido a los consumidores de diésel y gasolinas, en respuesta al alza sostenida de los precios internacionales del petróleo y su impacto en el costo de vida.
La normativa, denominada Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, contempla un subsidio directo de ocho quetzales por galón de diésel y cinco quetzales por galón de gasolina regular y superior. El beneficio se aplicará mediante una reducción en el precio final al consumidor.
Las autoridades justificaron la aprobación señalando que Guatemala, como país importador de hidrocarburos, es altamente vulnerable a la volatilidad de los precios internacionales. Indicaron que el incremento en los combustibles ha afectado directamente el transporte, la producción y la distribución de bienes esenciales, golpeando especialmente a los hogares de menores ingresos.
El Ministerio de Energía y Minas será el encargado de ejecutar el programa, mientras que la supervisión estará a cargo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que deberán verificar que la reducción se refleje efectivamente en los precios.
Asimismo, el decreto establece mecanismos de control y publicación periódica de precios de referencia para evitar abusos y garantizar transparencia en el mercado de combustibles. También contempla sanciones para quienes incumplan con la correcta aplicación del subsidio.
Con esta medida, el Gobierno busca mitigar los efectos económicos adversos derivados del contexto internacional y proteger el poder adquisitivo de la población.
Vigencia
La normativa fue aprobada con el voto favorable de más de las dos terceras partes del Congreso y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. El Ejecutivo deberá emitir el reglamento de la ley en un plazo máximo de cinco días tras su entrada en vigencia.
Según el decreto, la medida tendrá una duración de tres meses a partir de la creación del reglamento correspondiente, o hasta que se agoten los recursos asignados. El financiamiento proviene de una readecuación presupuestaria de Q808 millones, ajustando ingresos y egresos del Estado para cubrir el costo del subsidio.
