La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad se pronunció por medio de un comunicado con respecto al proceso de elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030, en el que resaltó que para garantizar la democracia es importante fortalecer la institucionalidad en el sistema de justicia en todos los aspectos.
"Y en lo que concierne a la elección de fiscal general se espera que la honorable comisión integrada por el Poder Judicial, el Colegio de Abogados y el cuerpo académico universitario, se oriente por sistemas democráticos y procedimientos transparentes y participación bajo estándares internacionales y recomendaciones emitidas oportunamente por instancias", expresó la entidad.
En seguimiento al mensaje difundido, este martes 21 de abril se conversó sobre el tema en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, con el juez Haroldo Vásquez, miembro de la asociación, quien hizo hincapié en que la justicia y la transparencia no deben ser solo temas de jueces, fiscales o abogados, sino de toda la sociedad.
Según el profesional, que la población acceda a la información sobre estos procesos resulta crucial para el fortalecimiento democrático, al permitir que cualquier acción pública, en especial la relacionada con el nombramiento de autoridades judiciales, se mantenga bajo escrutinio.
Controversias sobre la equivalencia profesional de los jueces
Durante la conversación, el juez subrayó un punto polémico: sigue existiendo debate sobre si se debe considerar a los jueces como equivalentes a los abogados para efectos de postulación, un criterio que históricamente ya se consideraba resuelto. Esta discusión, resaltó, limita la posibilidad de que un grupo importante de profesionales judiciales acceda a cargos superiores, ya que restringe su reconocimiento a pesar de su amplia experiencia y labor dentro de los tribunales.
También criticó que no todos han entendido ni interpretado de forma adecuada el rol y la formación de los jueces dentro de la Corte Suprema de Justicia. Explicó que dentro de la carrera judicial tradicional, hay trayectorias diversas y que la falta de reconocimiento de estas afecta seriamente la pluralidad dentro del sistema de justicia.
El entrevistado detalló que, a pesar de la experiencia comprobada de algunos aspirantes provenientes del sector judicial, al menos dos de ellos fueron descalificados por no alcanzar la puntuación mínima requerida debido a la negativa de reconocer la equivalencia de su experiencia como jueces y abogados.
Vásquez mencionó que esta postura resulta preocupante, ya que una misión internacional de expertos de la OEA recomendó permitir la participación igualitaria de jueces en el proceso. Sin embargo, las decisiones tomadas dejaron fuera a profesionales calificados, lo que pone en duda la imparcialidad y apertura de la selección.
Destaca avances en transparencia y señala incertidumbre
No todo fueron cuestionamientos: Vásquez valoró positivamente la transparencia que aportó la Comisión Postuladora a través de la publicación y transmisión de sus votaciones. Este mecanismo, comentó, permitió observar en tiempo real cómo y por qué votaron los comisionados y facilitó una mayor conexión entre la ciudadanía y el proceso de selección.
Indicó que la posibilidad de seguir las votaciones en línea incentivó la participación social e incrementó el flujo de comentarios y cuestionamientos al proceso. La exposición pública de las decisiones ayudó a acercar la elección a la gente, lo que es un paso adelante en materia de rendición de cuentas.
Sobre el futuro del proceso, particularmente en el corto plazo, el juez Vásquez y la Asociación Guatemala de Jueces comparten la percepción de incertidumbre respecto a lo que pueda ocurrir de aquí al 17 de mayo. Remarcó que la falta de certeza persiste, sobre todo por la judicialización de los procedimientos y los amparos interpuestos contra las acciones de los comisionados responsables de la elección.
El juez insistió en la necesidad de que no se utilicen los procedimientos judiciales ni las acciones constitucionales, como el amparo, para obstaculizar o distorsionar el equilibrio democrático ni la igualdad de condiciones entre los actores. Esto evitaría que la instrumentalización de la justicia se convierta en una herramienta para frenar el proceso.
Finalmente, Vásquez destacó la importancia de mantener canales de comunicación abiertos y transparentes, e invitó a los medios y a la ciudadanía a mantenerse atentos y participativos. Su intervención subrayó que la vigilancia social y la apertura institucional son esenciales para lograr procesos verdaderamente democráticos y equitativos.
