La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala enfatizó la necesidad de salvaguardar la seguridad jurídica y la estabilidad institucional en el proceso de selección del nuevo Fiscal General. La reacción surge tras la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad, la cual dictó un "amparo provisional" que ordena devolver la nómina de candidatos para revisar las calificaciones de quienes hayan ejercido como jueces.
La OEA advierte sobre el impacto de decisiones provisionales que, aunque temporales, generan cambios prácticos y definitivos en un proceso clave como la elección del Fiscal General. Según la misión, la certeza jurídica, la previsibilidad y la confianza ciudadana son esenciales en todas las etapas, especialmente ante decisiones que ocurren en fases avanzadas del procedimiento.
A través de un comunicado, la referida instancia reiteró la importancia de respetar el orden constitucional y la independencia de las instituciones, así como de acatar las decisiones emitidas por los órganos jurisdiccionales competentes. Subrayó que cumplir las resoluciones judiciales es pilar fundamental para el Estado de derecho.
De igual forma, el documento expresa preocupación porque, aunque el tribunal se declaró incompetente, su resolución afecta significativamente las atribuciones presidenciales en la selección del Fiscal General. La OEA insiste en que los mecanismos de impugnación judicial no deben crear incertidumbre permanente ni modificar etapas ya concluidas del proceso, sobre todo si existen plazos constitucionales estrictos.
Aplicación restringida y proporcional de las resoluciones
La misión resaltó que la resolución judicial circunscribe su mandato a revisar el cómputo de experiencia profesional de postulantes que hayan sido jueces, conforme a la interpretación de la Corte. Dicha revisión debe anclarse a los principios internacionales de no discriminación, debido proceso y tutela judicial efectiva. Por ello, la OEA pide que la ejecución de la medida se realice de forma adecuada, razonable y limitada, evitando una reapertura general del procedimiento.
Además, la misión señaló la necesidad de evaluar las trayectorias jurídicas bajo criterios objetivos, públicos y verificables, evitando interpretaciones restrictivas que perjudiquen la equidad, el mérito y la confianza legítima de los aspirantes. Cada recalificación de expedientes debe ser documentada, motivada y enfocada únicamente en los aspectos señalados por la resolución, añadió.
Llamado a la transparencia y celeridad
La resolución estableció plazos extraordinariamente breves para devolver la nómina, recalificar expedientes y remitir la nueva lista al presidente. Frente a este escenario, la OEA exhortó a todas las instituciones implicadas a actuar con prudencia, responsabilidad y absoluto apego al marco constitucional, para evitar que la medida provisional ocasione violaciones jurídicas o disminuya aún más la confianza pública.
La Misión pidió especialmente a la Comisión de Postulación que trabaje con transparencia, trazabilidad y celeridad. Subrayó que debe prevalecer la integridad del trabajo realizado y la estabilidad institucional, recalcando que cualquier recalificación debe limitarse estrictamente a los efectos de la resolución.
