Organizaciones de mujeres indígenas de Guatemala le exigieron este jueves al fiscal general designado, Gabriel García Luna, una reforma profunda del Ministerio Público (Fiscalía) que garantice el acceso a la justicia con enfoque de género y ponga fin a ocho años de "coerción política".
En una conferencia de prensa en la capital, la Articulación y Diálogo de Organizaciones de Mujeres Indígenas presentó una hoja de ruta para la nueva gestión de García Luna, que se iniciará el próximo 17 de mayo, tras su nombramiento el pasado martes por el presidente, Bernardo Arévalo de León.
El colectivo exigió una serie de reformas que incluyen la garantía de independencia funcional, la investigación de la corrupción sin selectividad y, especialmente, el establecimiento de mecanismos con pertinencia cultural para asegurar que las mujeres indígenas accedan al sistema penal sin discriminación.
La representante de la organización Majawil Q’ij, María Morales, subrayó la urgencia de recuperar la credibilidad de la institución, actualmente bajo el mando de Consuelo Porras Argueta y quien está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y debilitamiento de la democracia.
Para las organizaciones, el éxito de García Luna dependerá de su capacidad para desmantelar las estructuras que han "instrumentalizado" la justicia.
"Exigimos la depuración del Ministerio Público de todos aquellos elementos que durante ocho años se prestaron para hacer de la institución un instrumento de coerción política y captura del sistema judicial", sentenció Esperanza Tubac, vocera de la Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras (AGIMS).
Nuevo fiscal general asume con reto de fortalecer el MP
García Luna, con casi tres décadas de carrera judicial, asumirá la Fiscalía en un contexto de alta tensión, por las denuncias de presunta persecución política contra periodistas, líderes indígenas y operadores de la justicia que marcaron la era de Porras Argueta, quien ejerce el cargo desde 2018.
Las organizaciones advirtieron que la transparencia y la rendición de cuentas serán los ejes para evaluar si el cambio de mando representa una verdadera transformación o la continuidad de la impunidad en el país centroamericano.
