La Iglesia católica de Guatemala pidió este miércoles al nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, que tomará posesión este domingo, y a otros magistrados recientemente electos, que ejerzan sus funciones con independencia y "sabiduría" para restaurar la confianza en las instituciones del país, tras un periodo marcado por denuncias de corrupción y sanciones internacionales.
La Conferencia Episcopal de Guatemala manifestó en un comunicado la necesidad de que los nuevos funcionarios, que incluyen al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (Fiscalía) y a magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, se alejen de intereses sectoriales y de la influencia de grupos de presión.
"Es imperativo que ejerzan sus funciones alejados de intereses sectoriales o dejándose influenciar por grupos de presión y se esfuercen por restablecer la confianza en las instituciones que representan, desempeñando su trabajo de forma profesional y consciente", señaló la jerarquía católica en el documento firmado por su presidente, Bernabé de Jesús Sagastume.
Los obispos enfatizaron que es "urgente" que los magistrados realicen un trabajo coherente con sus funciones constitucionales, sin exceder sus capacidades ni interferir en el funcionamiento de otras instituciones del Estado, con el fin de garantizar la estabilidad nacional y el correcto funcionamiento del aparato público.
García Luna toma posesión esta semana
El pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de Guatemala se produce a cuatro días de que García Luna asuma la jefatura de la Fiscalía el próximo 17 de mayo para el periodo 2026-2030.
García Luna, con casi tres décadas de carrera judicial, fue nombrado por el presidente, Bernardo Arévalo de León, el pasado 5 de mayo tras un proceso de postulación marcado por las revisiones de la Corte de Constitucionalidad y denuncias de diversos sectores sobre presiones de grupos de influencia.
El nuevo fiscal sustituirá a Consuelo Porras Argueta, cuya gestión de ocho años ha sido blanco de fuertes críticas internacionales y sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que la acusan de socavar la democracia y utilizar la justicia como herramienta de persecución política.
La jerarquía eclesiástica remarcó que el sistema de justicia debe ser preservado de la "inaceptable utilización de los procesos judiciales para buscar venganza contra los adversarios", una práctica que, según el comunicado, ha provocado el exilio y encarcelamiento de operadores de justicia y periodistas en el país.
* Con información de la agencia de noticias EFE.
