Porras asumió el cargo en 2018 y se convirtió en la primera fiscal general reelecta en la historia reciente de Guatemala, permaneciendo ocho años consecutivos al frente de la institución encargada de la persecución penal.
Durante ese tiempo, su administración impulsó cambios administrativos y tecnológicos dentro del MP, aunque también enfrentó constantes señalamientos por decisiones consideradas polémicas.
Entre los aspectos que la fiscal general destacó como parte de su legado se encuentran la ampliación de fiscalías en distintos departamentos, la modernización de plataformas digitales y la descentralización de servicios para facilitar denuncias y procesos judiciales. Según informes institucionales, durante su administración se incrementó la presencia territorial del Ministerio Público y se fortalecieron algunos sistemas de gestión electrónica de expedientes.
Los cuestionamientos
No obstante, su período también estuvo acompañado por fuertes cuestionamientos de organizaciones civiles, sectores académicos y actores internacionales. Diversos grupos denunciaron un debilitamiento de las investigaciones anticorrupción y señalaron supuestas acciones de persecución contra periodistas, jueces, fiscales independientes y líderes sociales.
Uno de los puntos más sensibles de su administración fue la confrontación con exintegrantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), varios de los cuales abandonaron el país argumentando falta de garantías y persecución judicial. A ello se sumaron procesos contra comunicadores y operadores de justicia que generaron preocupación en organismos internacionales.
La tensión política aumentó después de las Elecciones Generales de 2023, cuando el Ministerio Público impulsó investigaciones relacionadas con el partido Movimiento Semilla y el proceso electoral. Estas acciones provocaron críticas dentro y fuera del país, mientras distintos sectores acusaban al MP de intervenir en asuntos políticos. La institución, por su parte, defendió cada procedimiento argumentando que actuaba conforme a la ley.
Sancionada por varios países
En el ámbito internacional, la gestión de Porras provocó sanciones y restricciones por parte de Gobiernos extranjeros, que la señalaron de obstaculizar esfuerzos anticorrupción y afectar la institucionalidad democrática. Estados Unidos, por ejemplo, la incluyó en la lista de actores corruptos y le revocó su visa. La Unión Europea le impuso medidas como la prohibición de ingreso a territorio europeo y la congelación de activos.
A pesar de ello, sostuvo hasta el final que su trabajo se realizó con independencia y apego al marco legal.
Con la finalización de su mandato, el Ministerio Público inicia una nueva etapa bajo las nuevas autoridades, en medio de expectativas ciudadanas por recuperar la confianza en el sistema de justicia y reducir la polarización que caracterizó los últimos años.
