Diversas organizaciones sociales, indígenas y de derechos humanos agrupadas en la denominada Plataforma Guatemala contra la Persecución Política emitieron un pronunciamiento público en el que solicitan al nuevo Fiscal General, Gabriel Estuardo García Luna, reorientar el trabajo del Ministerio Público y poner fin a lo que califican como una política de criminalización contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.
En el documento, las organizaciones consideran que el inicio de la nueva gestión representa "una oportunidad histórica" para que el Ministerio Público retome la lucha contra la impunidad y las estructuras criminales, dejando atrás prácticas que, según afirman, convirtieron a la institución en un instrumento de persecución política durante los últimos años.
El pronunciamiento señala que decenas de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y activistas han sido procesados, encarcelados o forzados al exilio durante los últimos ocho años, particularmente bajo la administración de la exfiscal general Consuelo Porras. Según las entidades firmantes, muchos de estos procesos carecen de fundamentos legales y de garantías mínimas de debido proceso.
Piden revisar casos de líderes indígenas
Las organizaciones también expresaron preocupación por la situación de líderes indígenas que integraron la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes participaron en las protestas posteriores a las elecciones de 2023. Entre los casos mencionados se encuentran los de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, actualmente detenidos y señalados en procesos judiciales que los firmantes consideran irregulares. Asimismo, se mencionan los procesos abiertos contra Esteban Toc Tzay y Basilio Bernardo Puac.
El documento cuestiona especialmente los cargos de terrorismo presentados contra algunos líderes indígenas, al considerar que representan una amenaza para la democracia y para los derechos de los pueblos originarios. Las organizaciones advierten que criminalizar la protesta pacífica podría sentar un precedente peligroso para futuras movilizaciones sociales.
Finalmente, la Plataforma hizo un llamado urgente al nuevo Fiscal General para que utilice los mecanismos legales disponibles para desestimar los cargos considerados arbitrarios y garantizar medidas sustitutivas de prisión para los líderes detenidos mientras avanzan los procesos judiciales.
"Guatemala merece justicia y la justicia no puede seguir esperando", concluye el comunicado.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7
