El diputado David Illescas acudió este jueves, 21 de mayo, a la sede central del Ministerio Público (MP) para presentar una denuncia en contra de las auxiliares fiscales, Leonor Morales y Lesbia Zelada, a quienes atribuye por lo menos cinco delitos. Según dijo, los señalamientos en su contra surgen por la falta de seguimiento a una denuncia que interpuso y acciones secundarias que se dieron además de la ausencia de respuesta.
Según explicó el legislador, tiempo atrás remitió un oficio a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para solicitar que se investigara de oficio lo relacionado con un supuesto caso de adopciones ilegales, en el cual, afirmó, un informe de las Naciones Unidas mencionaba a la exfiscal general, Consuelo Porras.
De acuerdo con Illescas, la PGN presentó la denuncia correspondiente; sin embargo, el expediente fue asignado a la fiscalía donde labora Morales. El diputado sostuvo que, en lugar de avanzar con la investigación, se promovieron acciones legales en su contra. En ese contexto, aseguró que la auxiliar fiscal Zelada solicitó el retiro de su antejuicio.
Añadió que la querella contra las agentes fiscales se planteó por la posible comisión de los delitos de obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, coacción y denegación de justicia.
"Me parece increíble que el ente encargado de investigar a quienes cometen delitos ahora esté tratando de perseguir a quienes denuncian", expresó el congresista electo por el Movimiento Semilla al salir de la sede del Ministerio Público.
CSJ rechaza solicitud de retiro de antejuicio contra Porras por caso de adopciones
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió el pasado 22 de abril rechazar in limine la solicitud de retiro del derecho de antejuicio planteada en contra de la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, por su vinculación a una investigación de posibles adopciones ilegales.
La referida acción surgió luego de que en febrero de este año un grupo de expertos de la Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un pronunciamiento en el que pidió "investigaciones independientes" y expresó su preocupación con respecto a supuestas anomalías que se habrían dado en el traslado de menores guatemaltecos y de otros países de la región en el que podría estar vinculada la funcionaria.
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, compartió en esa ocasión en sus redes sociales el pronunciamiento relacionado con el tema y señaló que los hechos irregulares se habrían dado entre los años 1968 y 1996.
Los afectados serían al menos 80 niños y niñas de los pueblos indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el "Hogar Temporal Elisa Martínez" después de su captura y desaparición forzada.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.
