En el marco del III Encuentro de Agentes de Pastoral de Movilidad Humana de la Frontera México-Guatemala, obispos de ambos países emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su preocupación por el agravamiento de las condiciones que enfrentan las personas migrantes, refugiadas, deportadas y desplazadas en la región.
El documento, firmado por seis obispos de diócesis fronterizas, señala que las poblaciones migrantes continúan siendo afectadas por la pobreza, la desigualdad, la violencia y la precariedad, situación que se ha agravado por políticas migratorias restrictivas y el fortalecimiento de grupos criminales que operan en las rutas de tránsito.
Los líderes religiosos denunciaron que organizaciones delictivas han convertido la migración en una fuente de ingresos mediante secuestros, extorsiones, trata de personas y reclutamiento forzado. Asimismo, afirmaron que, pese a la implementación de tecnologías de vigilancia en la frontera, amplias zonas permanecen bajo el control de grupos violentos.
El comunicado también cuestiona la limitada actuación de instituciones estatales y organismos internacionales para garantizar la protección de quienes buscan refugio. Según los obispos, en algunos casos los procesos para obtener estatus migratorio o de refugiado son obstaculizados, pese a los compromisos asumidos por los Estados firmantes de acuerdos internacionales.
Otro de los puntos destacados es la situación de las personas deportadas desde Estados Unidos. Los firmantes advierten que muchos retornados llegan a comunidades fronterizas en condiciones de vulnerabilidad, enfrentando la pérdida de estabilidad económica, proyectos de vida y vínculos familiares construidos durante años de residencia en el extranjero.
La reinserción social y educativa de niñas, niños y adolescentes retornados constituye otra de las preocupaciones expresadas. El documento señala dificultades relacionadas con la homologación de estudios, la regularización documental y la adaptación a entornos que, en muchos casos, les resultan ajenos pese a ser sus lugares de origen.
Llamado a fortalecer la coordinación institucional
Ante este panorama, los obispos hicieron un llamado a los gobiernos de la región para fortalecer la coordinación institucional y promover políticas públicas centradas en la protección de los derechos humanos y la seguridad de las personas migrantes. También exhortaron a universidades y centros de investigación a ampliar sus aportes académicos y técnicos para el diseño de estrategias que atiendan los desafíos de la movilidad humana.
Por su parte, la Iglesia católica reiteró su compromiso de acompañar a migrantes, desplazados, retornados y deportados mediante acciones pastorales y comunitarias orientadas a su atención integral y reintegración social.
El comunicado concluye con un llamado a colocar en el centro de las políticas y acciones pastorales la dignidad humana de quienes se ven obligados a abandonar sus lugares de origen por razones de supervivencia, recordando que toda persona merece respeto y protección independientemente de su condición migratoria.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7
