Personal del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) permanece retenido por pobladores de Camanchaj, Chichicastenango Quiché, luego que las Fuerzas de Seguridad desarrollaran operativos contra el contrabando en esa comunidad, este miércoles 28 de octubre.
Preliminarmente se informó que fueron retenidos tres fiscales del MP; tres trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; seis trabajadores de la SAT y 80 agentes de la PNC. Los pobladores exigen la liberación de dos personas capturadas por contrabando y la devolución de mercadería incautada.
Los pobladores destruyeron además vehículos oficiales en lo que se movilizaba el personal de dichas instituciones, por lo que las Fuerzas de Seguridad realizan un operativo para rescatar a los funcionarios.
Exigen liberación
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), condenó la retención y las amenazas contra funcionarios públicos reportadas en Quiché. "Exigimos su liberación inmediata y el pleno respeto a su vida e integridad.", indicó.
El Cacif agregó que el contrabando y la defraudación aduanera dañan el empleo formal, la competencia leal y los ingresos del Estado.
Por su parte la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) rechazó la retención ilegal de funcionarios en Camanchaj, Chichicastenango, Quiché, quienes cumplían funciones oficiales en el marco de las acciones del Consejo Nacional de Competitividad (COINCON).
"CIG exige a las autoridades competentes actuar de inmediato para garantizar la seguridad y pronta liberación de las personas retenidas, hacer prevalecer el Estado de derecho y evitar que estos hechos queden en la impunidad.", indicó.
La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala), se sumó a la condena por la retención y las amenazas contra funcionarios públicos reportadas en Quiché, e hizo un llamado a su liberación inmediata, así como al respeto irrestricto de su vida e integridad.
"Estos hechos representan una vulneración al Estado de Derecho y obstaculizan el trabajo que las instituciones realizan para garantizar el cumplimiento de la ley. Ninguna inconformidad o reclamo puede justificar el uso de la violencia, la intimidación o la coacción contra servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.", indicó Amcham Guatemala.
La Cámara del Agro de Guatemala condenó los hechos de violencia y la retención reportada en Quiché de funcionarios de la SAT, fiscales del MP y autoridades de la PNC. "Exigimos su liberación inmediata y el respeto a su vida e integridad.", expresó dicha Cámara.
