La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) escuchó hoy a varios pacientes que fueron diagnosticados con VIH/SIDA y que alegan haber sido desatendidos por las autoridades de salud del país.
El caso se relaciona con la presunta falta de atención médica estatal a 49 personas con VIH/SIDA y en situación de pobreza, que fueron diagnosticados con la enfermedad entre 1992 y 2003.
La demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) plantea que la muerte de ocho de las presuntas víctimas habría tenido lugar como consecuencia de enfermedades conocidas como oportunistas, o bien en un marco temporal en el que no recibieron la atención que requerían por parte del Estado.
La demanda alega que el tratamiento implementado desde el 2007 no cumplió con los estándares mínimos para ser considerado integral y adecuado y que, por lo tanto, las alegadas deficiencias habrían violado los derechos a la salud, vida e integridad personal en perjuicio de las presuntas víctimas sobrevivientes.
Discriminación y estigma persiste contra personas que viven con VIH en el país, dice ONU-SIDA.
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Esta es la primera vez que la Corte aborda el tema de los tratamientos contra el VIH/SIDA en Centroamérica.
“Creo que Dios me ha dado esta fuerza para seguir y llegar hasta aquí, y yo no vengo no solamente por mí y mi esposo, sino por mis compañeros. Ellos se sienten muy mal porque no tienen para comprar el medicamento que nos recetan y ojalá que todos ustedes nos puedan ayudar para lograr esta ayuda que necesitamos”, dijo a los jueces la presunta víctima Soila Marina Pérez.
Pérez, una señora de bajos recursos, fue contagiada hace 18 años por su esposo y desde ese momento sus hijos se han encargado de comprarle el tratamiento que la mantiene viva.
“Soy madre de siete hijos todos estaban estudiando la primaria y de ahí todo se derrumbó, porque de ver las necesidades que estábamos pasando y no habían medicamentos, y todo tenía que ser comprado, mis hijos empezaron a trabajar para podernos ayudar”, expresó entre lágrimas Soila Marina Pérez.
Por su parte, la supuesta víctima Felix de Jesús Cabrera, quien también brindó declaración a la Corte indicó que tras ser diagnosticado fue despedido de su trabajo y nunca ha recibido una atención integral, ya que su tratamiento consiste solamente en recibir el retroviral, sin mayor información, o ayuda psicológica.
“Deseo de que exista una sentencia a favor de las víctimas y todas las personas que sufren algún tipo de discriminación y que viven en plena pobreza y no puede acceder al seguro social. Hay que frenar el estigma que las personas con VIH hemos sufrido y ayudar a la gente que no tiene la información necesaria para que pueda prevenir futuras infecciones”, expresó Cabrera.
ONU-SIDA estima que 47 mil personas viven con VIH en el país.
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Cabrera destacó que cada vez que tiene que ir a la clínica por el medicamento lo realiza con “temor”, ya que constantemente no tienen la receta y debe buscarla por otros medios para evitar perder el seguimiento del tratamiento de su enfermedad.
En los alegatos finales, el Estado de Guatemala explicó que en el país se han realizado cambios en la legislación, se han creado guías para establecer el control del tratamiento y que se ha buscado por medio de normativa evitar la discriminación a las personas con VIH/SIDA.
“Se efectuaron cambios en la legislación y para evitar la discriminación (…) El seguro social de Guatemala atiende a cualquier persona que necesite tratamiento antiretroviral (…) En muchos casos se ha dado que no han asistido a las citas programadas desconociéndose el motivo” afirmó el representante del Estado de Guatemala Felipe Sánchez.
Sin embargo, el perito propuesto por los representantes de las supuestas víctimas, Ricardo Boza, médico experto en el tema y quien analizó varios expedientes de las supuestas víctimas, relató ante la CorteIDH que a los pacientes “no se les trató adecuadamente”.
“No se dio una atención interdisciplinaria según el análisis. Lo más que encontré fue una atención médica, nunca una integral, como debe ser y eso da como consecuencia el abandono del tratamiento retroviral (…) Eso afecta directamente la vida del paciente, porque una vez que abandone el tratamiento, el virus se hace resistente a ese tratamiento”, explicó Boza.
Tras la audiencia las partes tendrán un mes para presentar sus alegatos finales escritos y en los siguientes meses la Corte emitirá una sentencia.
Con información de la agencia EFE
Una inyección al mes puede mantener confinado el VIH, según un estudio.
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