El Congreso de la República creó una comisión específica para fiscalizar lo actuado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual fue disuelta el 3 de septiembre pasado, a lo cual reaccionó el exjefe de dicha comisión, Iván Velásquez Gómez.
Velásquez quien dirigió las investigaciones de “La Línea“, “Cooptación del Estado“, entre otros casos, se pronunció sobre dicha comisión a través de una publicación de Twitter.
“Ni la dignidad ni la soberanía, ni la legalidad ni el estado de derecho, a algunos ni siquiera la venganza, es lo que les mueve a actuar como lo han hecho. Es el miedo, la necesidad de asegurarse impunidad. Por eso el objetivo es la FECI. No tuvieron ni el recato de ocultarlo”, expresó el excomisionado.
Lea también: ¿CICIG, soberanía, justicia, derechos humanos? De qué hablará Jimmy Morales en la ONU
Ni la dignidad ni la soberanía, ni la legalidad ni el estado de derecho, a algunos ni siquiera la venganza, es lo que les mueve a actuar como lo han hecho. Es el miedo, la necesidad de asegurarse impunidad. Por eso el objetivo es la FECI. No tuvieron ni el recato de ocultarlo.
— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) September 25, 2019
Los diputados pretenden con dicha comisión “investigar” si el personal de la CICIG hizo su trabajo conforme a lo establecido en la Constitución, ya que durante 12 años “actuaron sin supervisión”.
La comisión estaría integrada por Luis Pedro Álvarez, Luis Hernández Azmitia, Manuel Conde, Juan Ramón Lau, Anibal Rojas; su trabajo finalizaría el 10 de enero de 2020.
CICIG
La CICIG terminó su mandato tras 12 años de funcionamiento luego de que el presidente Jimmy Morales revirtiera su promesa de pedir una ampliación hasta 2021.
Morales, quien antes elogiaba el trabajo de CICIG, llegó a señalar a la misión de ser una amenaza a la paz del país y prohibió el regreso de su jefe, Iván Velásquez, a quien declaró persona non grata y acusó de interferir en asuntos internos de Guatemala.
Durante su mandato, la CICIG logró más de 320 investigaciones y en el enjuiciamiento de varios altos funcionarios de gobierno entre ellos el expresidente Álvaro Colom, Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, también llevó a juicio a docenas de narcotraficantes poderosos, de redes de extorsión, de políticos y de oficiales de seguridad.
Las investigaciones de CICIG permitieron que más de una docena de jueces y miles de policías corruptos fueron destituidos.