Nota de EU89.7
Gobernación reduce suma en presupuesto para combatir las extorsiones

De los Q5 mil 344 millones del presupuesto del Ministerio de Gobernación, la asignación para combatir las extorsiones en 2020 es de Q525 mil.

Pese a que análisis de empresarios aseguran que las extorsiones en Guatemala podrían sumar más de Q200 millones al año, el Ministerio de Gobernación apenas destinó una mínima cantidad para enfrentar ese flagelo para el próximo año.

De los Q5 mil 344 millones del presupuesto del Ministerio de Gobernación, la asignación para combatir las extorsiones es de Q525 mil, tanto en el ejercicio actual como en el que se propone para el próximo año.

Según el exministro de Gobernación, Carlos Menocal, esa suma se la agencian los extorsionistas en dos semanas, por lo cual considera que la asignación “es irrisoria”, y propone que debería revisarse.

“El gobierno de Jimmy Morales dejará desprotegida a la población”, sentenció el exfuncionario del gobierno de Álvaro Colom.

Para Adela de Torrebiarte, también exministra de Gobernación, “un presupuesto tan bajo para el combate de ese flagelo sólo refleja que al actual Gobierno no le importa ese tema”.

El director de Cámara de Industria de Guatemala, Javier Zepeda, dice que ese monto es “sumamente bajo”, pese a que, según él, “el fenómeno afecta a la ciudadanía en general”.

Entretanto, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) revela que los tenderos son el sector más afectado por las extorsiones y que solo en 2019, 125 comerciantes de esta área han sido asesinados.

Fiscales del Ministerio Público (MP) confirmaron que ese delito ocupa el séptimo lugar como el más denunciado.

En octubre pasado, 29 presuntos extorsionistas del Barrio 18 fueron detenidos, durante 90 allanamientos efectuados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), en los departamentos de Escuintla, Quetzaltenango, Retalhuleu y Suchitepéquez.

De acuerdo con las investigaciones, estas clicas entregaban teléfonos celulares a pilotos de autobuses de empresas de transporte que circulan en los mencionados departamentos, a quienes cobraban entre Q110 mil y Q130 mil bajo amenazas de muerte.