El alcalde de Ayutla, San Marcos, Erik Salvador Súñiga Rodríguez, también conocido como “El Pocho”, se entregó a los agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos en Guatemala, y abordó un avión para su extradición a McKinney, Texas.
El alcalde de 44 años fue acusado por actividades de tráfico de drogas y fue extraditado al Distrito Este de Texas, anunció el Fiscal de los Estados Unidos, Joseph D. Brown.
Súñiga Rodríguez fue procesado por un gran jurado federal el 13 de junio de 2018 en el Distrito Este de Texas, y fue acusado por violaciones relacionadas con drogas y por lavado de dinero.
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Alcalde de Ayutla, Erik Salvador Súñiga Rodríguez, también conocido como “El Pocho”, se entregó esta mañana a agentes de Control de Drogas de los Estados Unidos en Guatemala, y abordó un avión para su extradición a McKinney, Texas. pic.twitter.com/Y7UefmX5BX
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) December 19, 2019
Sancionado
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos designó a Suñiga Rodríguez como “importante narcotraficante extranjero sujeto a sanciones bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico”.
Suñiga Rodríguez, conocido como “el Pocho” recibió esta designación junta su organización de tráfico de drogas “los Pochos”.
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“Erik Suñiga Rodríguez explotó la confianza del pueblo guatemalteco y abusó del poder de su cargo para operar su organización de narcotráfico transfronterizo”, dijo Justin Muzinich, subsecretario del Departamento del Tesoro.
Según el comunicado divulgado por la Embajada de Estados Unidos, Suñiga Rodríguez es un narcotraficante que suministra cocaína al cártel mexicano de Sinaloa.
Cinco empresas sancionadas
Además de las sanciones contra el alcalde de Ayutla, el Departamento del Tesoro designó a cinco empresas de su propiedad registradas en el departamento de San Marcos.
- Multiservicios y Finca El Encanto
- Rancho La Dorada
- Cevichería La Concha
- Star Market Malanye
- JC Car Audio
La designación del jefe edil, su organización y sus empresas por medio del la Ley Kingpin implica que todos sus activos en los que estos individuos tengan bajo la jurisdicción de EE.UU. o que estén bajo el control de ciudadanos estadounidenses están congelados y deben ser reportados a OFAC.
Esta regulación prohibe a todas las personas estadounidenses o personas dentro de Estados Unidos que tengan algún trato o involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de las personas sancionadas.
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Con información de Verónica Paz
