La jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, aceptó una solicitud expuesta por el Ministerio Público (MP) para ampliar por tres meses las investigaciones contra los exalcaldes de Santa María Nebaj, Pedro Raymundo Cobo; así como el de Chiché, Angel Ren Guarcas.
Los exjefes ediles de los mencionados municipios de Quiché son señalados en el caso de financiamiento electoral no registrado del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
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Proceso
Cobo y Ren Guarcas fueron ligados a proceso penal el pasado 5 de febrero por la mencionada judicatura.
El 16 de enero pasado, las fuerzas de seguridad montaron un operativo en el cual fue capturado Ren Guarcas, mientras que Cobo no fue localizado y se había emitido una alerta internacional, días después se presentó a la justicia.
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El caso
En el marco de las investigaciones del caso Traficantes de Influencias”, surgido en enero de 2018, que develaba la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se detectaron movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S.A., hacia la entidad MAARIV, S.A.
La entidad Ingeniería Integral era manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias.
Al rastrear los movimientos de la entidad MAARIV S.A., se detectó que las cuentas eran utilizadas por Mario Leal Castillo para el financiamiento ilícito del partido UNE, por lo que se abrió una nueva línea de investigación, la que desencadenó el caso que se presenta.
Las diligencias de investigación revelaron que la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron, afirma la investigación del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
