Un salvadoreño detenido en una cárcel migratoria de Estados Unidos falleció por el nuevo coronavirus, informaron las autoridades este jueves, en la primera muerte ligada a esta enfermedad respiratoria reportada en estos centros catalogados por activistas como una “trampa mortal” en la pandemia.
Carlos Escobar Mejía, de 57 años, fue declarado muerto el miércoles en un hospital de National City, a una media hora del centro de detención de Otay Mesa en California, indicó el servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), responsable de estas instalaciones, en un comunicado enviado a la AFP.
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Atención
“Fue hospitalizado el 24 de abril después de mostrar síntomas relacionados con COVID-19”, indicó el texto, en el que aclaró que “la causa preliminar de muerte fue catalogada como indeterminada”.
Sarah Sweeney, portavoz de la agencia de Salud del condado de San Diego, que abarca Otay Mesa, dijo más temprano que Escobar había muerto “por complicaciones de COVID-19”.
Su familia y las autoridades salvadoreñas fueron informadas de la muerte, indicó la policía migratoria, que abrió una investigación sobre el asunto.
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Síntomas
ICE indicó que al momento de su detención, el 10 de enero, Escobar mostraba hipertensión e informó que sufría de diabetes, dos condiciones agravantes de la COVID-19.
Su muerte es la primera registrada en los centros de detención de Estados Unidos, donde hasta ahora se registran 705 casos del virus, 132 solo en Otay Mesa, según cifras oficiales.
“Otay Mesa tiene el mayor brote de COVID-19 de cualquier centro de detención de ICE en el país”, indicó ACLU, la mayor organización de derechos humanos de Estados Unidos. “Los migrantes detenidos allí lo califican de ‘trampa mortal’ debido a la falta de medidas de precaución tomadas por el personal”.
El gobierno del presidente Donald Trump -quien busca su reelección en noviembre- mantiene una línea dura contra la inmigración irregular y ha limitado también las llegadas de inmigrantes legales al país durante la pandemia.
Predecible y prevenible
El distanciamiento físico es prácticamente imposible en estas cárceles migratorias, donde los internos conviven en espacios muy reducidos, han dicho algunos de los propios detenidos a la AFP.
Un juez federal ordenó la semana pasada liberar inmediatamente a las personas más vulnerables del centro en Otay Mesa, en respuesta a una demanda de ACLU, que indicó que ICE había identificado a 130 pero liberó solo dos.
“Hoy una de esas personas murió porque ICE se rehusó a liberarlo cuando todavía tenía un chance de sobrevivir a este virus mortal”, indicó Monika Langarica, abogada de inmigración de ACLU en San Diego.
