El Comité Campesino del Altiplano de las Verapaces (CCDA) llevó a cabo una conferencia de prensa virtual para expresar su rechazo a la vigencia del estado estado de Sitio en Izabal y Alta Verapaz.
De acuerdo con el CCDA, la vigencia del Acuerdo Gubernativo 13-2020, que establece el estado de Sitio, ya no está en el marco legal. Por lo tanto, si el Organismo Legislativo lo ratifica es ilegal.
"No podemos permitir que funcionarios públicos manipulen a las instituciones y poderes del Estado para otorgar privilegios a un sector minoritario del país estableciendo medidas como el estado de sitio en Izabal y Alta Verapaz", aseveró ese comité.
Otras organizaciones
Organizaciones sociales de Guatemala pidieron el lunes a la Corte de Constitucionalidad dejar sin efecto el estado de sitio declarado por el gobierno en cinco municipios del noreste, al considerar que busca militarizar la zona y perseguir a los movimientos opositores a megaproyectos.
Los activistas solicitaron frenar el acuerdo emitido el domingo por el presidente Alejandro Giammattei, que restringe varios derechos constitucionales en los poblados de El Estor, Morales, Livingston (Izabal), y Panzós y Santa Catarina La Tinta (Alta Verapaz), la mayoría de presencia indígena.
"Rechazamos toda acción injustificada de militarización y de represión contra los pueblos", señalaron en un comunicado las organizaciones Asamblea Social y Popular, Asociación de Estudiantes Universitarios y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).
La disposición de Giammattei restringe derechos constitucionales como la libertad de movimientos, porte de armas y a manifestarse, y permite las detenciones e interrogatorios sin justificación.
Fue impuesta por 30 días al considerar que existen grupos armados vinculados al crimen organizado y el narcotráfico que provocan violencia en la región, entre estos, según el gobierno, dirigidos por extranjeros y exmiembros de las guerrillas que combatieron al Ejército durante la guerra civil (1960-1996).
Las fuerzas de seguridad han informado de la destrucción en Livingston de 12 mil 531 plantas de hoja de coca, materia prima de la cocaína.
"Es evidente que la imposición del estado de sitio no busca el restablecimiento del orden y erradicación de actividades ilícitas, sino la adecuación de los objetivos productivos, comerciales y económicos" de empresas de minería y palma africana que han provocado conflicto en la región, agregó el texto.
Los colectivos también pidieron al Congreso rechazar el estado de sitio.
