Aunque el Gobierno ya autorizó que los autobuses del transporte de pasajeros urbano y extraurbano puedan circular, aunque con ciertos protocolos para reducir el riesgo de contagio del Covid-19, la mayoría de rutas no han retomado el servicio, pues hay temas que todavía están siendo analizados, incluido el de la tarifa.
Acerca de ello se conversó este miércoles en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, con representantes del sector, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Gamaliel Chin, presidente del Gremial de Transportistas de Rutas Cortas, manifestó que para regresar a operaciones se debe duplicar la tarifa, pues trabajarán al 50% de capacidad.
Señaló que el Estado ha eludido su responsabilidad y no les ha dado soluciones para atender esta situación, pues no pueden seguir cobrando lo mismo en el pasaje.
Esto no solo por el tema mencionado, sino por el incremento de costos de operaciones al tomar medidas sanitarias, como el uso de termómetros y alcohol en gel.
“Estar al 50% de aforo implica que se debe duplicar el precio del pasaje. Esa premisa es invariable y no es cuestionable aunque se genere una mesa técnica para encontrar una salida oportuna y que económicamente nos convenga”, manifestó.
Asimismo, dijo que se trataría de una medida temporal, que únicamente estaría vigente mientras se mantiene el estado de Calamidad o las restricciones por la pandemia.
En cuanto a los gastos a los que se estarían enfrentando los empresarios en lo que denominó como “la nueva realidad”, detalló que es necesario establecer una mesa técnica para encontrar soluciones.
Chin resaltó que están comprometidos a darle seguimiento al tema de bioseguridad en el transporte y coinciden en reducir el aforo como en otros países, pero lamentó que en ningún momento se haya hablado de cuánto costaría.
En ese sentido, pidió a las autoridades tomar su rol y exigió que hagan un pronunciamiento oficial.
“El Estado guarda silencio y quiere pasarnos factura política de la decisiones”, destacó el entrevistado.
Sencillamente, cualquier actividad que tiene un precio si se ve reducida en su capacidad al 50% lleva implícito que quien la use deberá pagar el doble, agregó.
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Tema debe ser analizado
Mientras tanto, Mariano Díaz, viceministro de Transporte del CIV, indicó que el marco de acción que se tiene en el ministerio se le da seguimiento a los temas abordados en una mesa técnica que se inició a trabajar desde febrero, en la que participan los transportistas.
Aseguró que las gremiales de transportista han actuado responsablemente bajo el interés de poder reactivar su quehacer.
De esa manera se empezó a discutir una serie de medidas y protocolos para aplicar los lineamientos básicos que se habían empezado a realizar en otros países y bajo las leyes guatemaltecas.
Así se creó un borrador de protocolo de medidas para el transporte de pasajeros, el cual fue analizado y recientemente publicado.
El mismo incluye el uso de mascarilla, el distanciamiento social, por lo que se mantendría aislada la cabina donde viaja el piloto. También se contempla el lavado constante de manos, especialmente porque se maneja dinero en efectivo.
“Este es el marco de referencia con el que estamos trabajando hoy, donde el marco principal es la salud de los guatemaltecos y el bien común”, aseguró.
Sin embargo, será en el momento en que empiece a salir el transporte a cubrir sus rutas interdepartamentales cuando se podrá ver cómo se desarrolla y la dificultades que podrían darse.
“Tengo la fe de que los empresarios del transporte extraurbano están con la gana de estar con salud en sus puestos de trabajo y evitar la contaminación cruzada que podría darse en lugares cerrados”, enfatizó.
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Y sobre duplicar el precio del pasaje, el funcionario consideró que no debe hacerse sin antes analizar el tema de manera técnica.
Además, indicó que el aforo al 50% se aplica para localidades marcadas con rojo o naranja en el sistema de alertas, mientras que en amarillo será del 75%, así que no es un cambio del doble de la tarifa no debería darse en general.
“Es un tema que tiene que requerir un marco lógico de acción, el director de Transportes ha planteado establecer una mesa de trabajo para empezar a analizar los lineamientos que se deben seguir en el caso de un alza a la tarifa”, expuso.
En ese sentido, lo que correspondería es sentarse a escuchar los argumentos, ver hojas de costo y analizar el sistema para darle una solución al pueblo de Guatemala, dijo.
Conflictividad social
Milton Mendoza, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), consideró que podría haber una solución que beneficie al transportista y al usuario si se busca y hay voluntad de parte del CIV.
Informó que el pasado jueves hubo una reunión de una mesa establecida por la Vicepresidencia para firmar un acuerdo de protocolos bioseguridad.
Sin embargo, a la actividad no se presentaron autoridades de diferentes instituciones, incluyendo del Viceministerio de Transportes.
Refirió que ese mismo día se presentó a la Dirección General de Transportes un documento sobre las tarifas.
Aseguró que en este tema debe tomarse en cuenta que no solo se les está reduciendo la capacidad a la que pueden circular los buses, sino que también se les está quitando por lo menos el 60% de horas laborales por el toque de queda.
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Situaciones que se acumulan además a los gastos de desinfección de unidades e implementos para abordaje de pasajeros en oficinas y carretera, como por ejemplo el termómetro, gel, ordenamiento y capacitación de choferes para mantener el distanciamiento social.
En ese sentido, el entrevistado manifestó que están abierto a hablar directamente con el titular del CIV, así como el viceministro y el director de Transportes, y si se pudiera que estén delegados de la Presidencia sería mejor, para tener soluciones concretas.
Por su parte, Edgar Guerra, defensor de los Usuarios del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), consideró que el tema de las tarifas es algo histórico que hasta la fecha no se ha podido resolver y podría ser desencadenante de conflictividad social.
Indicó que no solo este tema se debe abordar, pues está pendiente el de las extorsiones, que ya es prácticamente un costo de operación que pagan los transportistas.
Eso es responsabilidad directa del ministerio de Gobernación, el Ministerio Público (MP) y el sector justicia en su complicidad.
De igual forma, el de la supuesta corrupción que reina en la DGT, pues porteadores han indicado, e incluso algunos han denunciado ante el MP, que les cobran cantidades exorbitantes para la autorización de licencias de operación.
Asimismo, dio a conocer que la PDH no ha sido informada de las mesas de trabajo sobre el tema de transporte.
“Al Gobierno no le gusta escuchar críticas. Nos hemos comunicado con el CIV para tener participación en las reuniones y han salido con evasivas. Es un grave error”, puntualizó.
