La Comisión de Derechos Humanos del Congreso emitió una serie de recomendaciones a las autoridades de salud, seguridad y justicia para atender a los privados de libertad por la situación de la pandemia del Covid-19.
En una carta abierta publicada este lunes, los legisladores detallaron que la emergencia sanitaria ha develado la debilidad institucional del Estado guatemalteco en todos sus ámbitos.
Refirieron que el Sistema Penitenciario no es ajeno a esas debilidades preexistentes, especialmente en lo relacionado al hacinamiento en los centros de detención.
Se indicó que actualmente se tiene una población reclusa de 26 mil 192 a nivel nacional, de los que 13 mil 777 están en cumplimiento de condena y 12 mil 415 en prisión preventiva.
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Recomendaciones
A la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia:
- Establecer directrices y disposiciones necesarias para que los operadores de justicia prioricen y valoren el criterio constitucional de que la privación de libertad sea utilizada como último recurso, especialmente la prisión preventiva.
- Desarrollar medidas para atender las peticiones del Sistema Penitenciario en cuanto a personas vulnerables por Covid-19.
- Recomendar la agilización y priorización de las diligencias y audiencias judiciales particularmente las de revisión de medidas de grupos vulnerables a contagios del coronavirus.
Al Ministerio de Gobernación:
- Realizar las asignaciones presupuestarias para fortalecer el presupuesto del Sistema Penitenciario para que pueda atender adecuadamente a la población en centros de detención por el Covid-19.
- Agilizar la implementación de la unidad que desarrollará el control telemático.
A la Dirección General del Sistema Penitenciario:
- Realizar junto con la Corte Suprema de Justicia y la Oficina Nacional contra la tortura una evaluación de las personas que están guardando prisión y se encuadran en criterios de riesgo o vulnerabilidad por la pandemia.
- Habilitar áreas de aislamiento y tratamiento para pacientes con Covid-19.
- Implementar protocolos de traslado oportuno de personas reclusas a centros hospitalarios que por su gravedad lo requieran.
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A la fiscal general y jefa del Ministerio Público:
- Instruir a las fiscalías para analizar caso por caso para priorizar el derecho a la vida de personas recluidas en cumplimiento de condena o prisión preventiva.
A la ministra de Salud Pública y Asistencia Social:
- Acompañar al Sistema Penitenciario para la realización de barridos epidemiológicos en cada uno de los centros penitenciarios.
- Dotar y abastecer de medicamentos y tratamientos para el Covid-19 en los distintos centros penitenciarios.
Al Procurador de los Derechos Humanos:
- Acompañar el proceso de evaluación e identificación de las personas que integran los grupos vulnerables que guardan prisión cumpliendo una condena o en prisión preventiva.
* Con información de Francisco Pérez, Emisoras Unidas 89.7
