Decenas de guatemaltecos se reunieron por tercer día consecutivo en la Plaza de la Constitución para manifestar su descontento con el gobierno del presidente, Alejandro Giammattei.
Las manifestaciones comenzaron el pasado sábado 21 de noviembre, cuando miles de ciudadanos exigieron al gobernante:
- Vetar el presupuesto 2021.
- Renunciar a su cargo.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardan el Palacio Nacional de la Cultura y lugares aledaños.
Los manifestantes llevaron carteles en los cuales se podían leer mensajes dirigidos hacia el mandatario.
#AHORA
Un grupo de personas manifiestan su descontento al #Presupuesto2021 frente al Palacio Nacional de la Cultura
Vía: @EBercian_PN pic.twitter.com/F9MrZ8YV3E— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 23, 2020
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Acudirán a la Plaza
La ciudadanía abarrotó la Plaza de la Constitución una vez más para exigir al gobernante de turno que cumpla con su mandato legal.
En las recientes jornadas, que comenzaron el pasado sábado 21 de noviembre, las voces de los manifestantes se hicieron escuchar en una manifestación pacífica, en la cual participaron adultos, adultos mayores, niños y adolescentes.
Se indicó que las acciones se mantendrán hasta que Giammattei atienda a la población.
La participación ciudadana se estimó en varios miles de personas durante el sábado.
Ese mismo día, en el Congreso de la República, había otro grupo de manifestantes que actuaron de forma violenta en contra del Palacio Legislativo.
Diversos sectores acreditaron las acciones a personas infiltradas por las autoridades policiales, las cuales habrían incitado a decenas para dañar el inmueble.
Como resultado de los hechos, las fuerzas policiales capturaron a 44 personas a las que se señaló por supuestamente haber incurrido en el desorden.
Más de 20 de los aprehendidos ya fueron escuchados en el Juzgado de Turno y se declaró la falta de mérito a los cargos que el Ministerio Público (MP) imputó en su contra.
Además, se ordenó que sean investigados los elementos policiales que participaron en las detenciones, para establecer si ocurrieron abusos de autoridad.
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