El alcalde de Mixco, Neto Bran, recibió un nuevo revés judicial, el cual se derivó de una resolución que emitió la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal.
La referida judicatura estimó pertinente suspender el trámite del segundo amparo que fue planteado por el funcionario y por sus abogados defensores.
Con esa acción legal, el alcalde mixqueño pretendía que no fuera conocido el informe de la pesquisa realizada en su contra.
En dicho documento se recomienda que se retire el derecho de inmunidad a Bran, con el objetido de que el Ministerio Público (MP) realice una investigación en su contra y profundice acerca de la veracidad de los hechos por los cuales es señalado.
#AHORA Sala Primera de Apelaciones suspendió el trámite de un segundo amparo planteado por el alcalde de Mixco, @netobran, contra el informe pesquisidor que recomendó retirarle la inmunidad para que sea investigado por FECI #AmenazasFalsedadInfluencias | Vía Samanta Guerrero pic.twitter.com/OZg1JXdVoq
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 11, 2021
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) vincula al funcionario con el caso que se denomina como “Amenazas, falsedad e influencias”.
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Señalamientos contra Neto Bran
El órgano encargado de la persecución penal realizó una investigación y estableció el posible vínculo de Bran en los hechos.
Por esa razón se determinó requerir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se le retirara el derecho de antejuicio al alcalde de Mixco.
Según los antecedentes del caso:
El jefe edil habría abusado de su cargo al contratar a una persona para que desempeñara un trabajo en la comuna que dirige.
De esa cuenta, Bran pudo haber dado instrucciones a sus subalternos para que se iniciara la contratación de Rolando Moisés Pérez.
Este se desempeñaría como asesor en la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de Mixco.
Bran afirmó que conoció a Pérez durante la campaña electoral que desarrolló en 2019.
La FECI sostiene que ambos mantenían constante comunicación, además de que Pérez manejaba un “netcenter” utilizado para desprestigiar y amenazar a operadores de justicia.
Pérez fue condenado a cumplir una pena de 12 años de prisión por los delitos de obstaculización a la acción penal, uso de documentos falsificados y usurpación de calidad.
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