A pesar de que diferentes sectores le han recomendado al presidente, Alejandro Giammattei, vetar los cambios a la Ley de Contrataciones, se desconoce la decisión que tomará el mandatario.
“Llegó a la Secretaría General de la Presidencia. Esta semana se hará el análisis, ya que piden un informe técnico. Todavía se está en tiempo para tomar una decisión”, mencionó Patricia Letona, titular de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
Los cambios que aprobó la bancada oficial con el apoyo de sus aliados aplica para todas las entidades públicas, desde la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral hasta las municipalidades.
Entre las reformas que se aprobaron el 28 de abril está el aumento del costo para las compras de baja cuantía, pues ahora se permiten que sean de hasta Q100 mil y solo es responsabilidad de quien autorice la adquisición pública. También para las compras directas se aumenta el monto a Q200 mil.
Otro de los cambios es que se elimina solicitar el contrato escrito cuando se trate de mercancías, obras, bienes o servicios para entrega inmediata cuyo monto no sea mayor de Q200 mil.
La modificación para hacer compras fue aplaudida por los alcaldes desde la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). Quienes se reunieron con Giammattei para solicitar la sanción de la ley.
Favoritismo desde la Ley de Contrataciones
Analistas coincidieron en que las reformas impedirán mayor control en el gasto público. Ya que en la mayoría de compras no se descarta que se fraccionen para evitar las auditorías y así favorecer a las empresas de familiares y amigos para otorgar las negociaciones que servirán para el pago de favores.
Diputados de oposición señalaron que habrá discrecionalidad para los procesos, lo que se traducirá en falta de transparencia y lo que provocará mayor corrupción.
También las cámaras empresariales le solicitaron al gobernante no permitir los cambios.
“Considerando que la eventual entrada en vigencia de ese decreto (Ley de Contrataciones) contraviene las acciones y objetivos anunciados por el Ejecutivo para fortalecer la transparencia. La rendición de cuentas y la mejora de la calidad del gasto público”, mencionaron las cámaras del Agro y Comercio.
Además, recomendaron a los diputados y al Ejecutivo que de manera técnica y con principios de eficiencia se elabore, discuta y apruebe una reforma integral. Así como hacer una revisión del presupuesto general y de la Ley de Servicio Civil.
La Contraloría General de Cuentas (CGC) es la encargada de supervisar que los presupuestos se ejecuten de manera adecuada para cumplir con las demandas en los municipios. Sin embargo, en el último año, la CGC solo ha impuesto sanciones administrativas por procesos anómalos en el uso de los fondos públicos.
Antes del 31 de mayo, la CGC deberá presentar el informe anual del ejercicio fiscal de 2020, en el que deberá informar si proceden denuncias penales.
Suman rechazos
- La Cámara Guatemalteca de la Construcción señaló que la ampliación de montos para compras directas y de baja cuantía desincentiva la aplicación de metodologías competitivas. Y representa un retroceso en la transparencia.
- “Generar reformas legales que permitan agilizar los procesos de licitación y cotización son necesarios. Pero limitar las modificaciones no atienden la verdadera sustancia del problema”, señaló la Cámara. Por lo que piden vetar la Ley de Contrataciones.
